La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) promete dejar expuesta otra interna, en este caso inesperada, del Gobierno: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hizo saber que no homologará con su firma eventuales modificaciones del convenio colectivo de trabajo de la actividad resueltos con las cámaras patronales en esta etapa bajo tutela judicial. La advertencia se dejó trascender en momentos en que esa área del Ejecutivo prepara el llamado esta misma semana a rediscutir unos 450 convenios laborales de casi todas las actividades con cláusulas vencidas, como anticipó El Destape.
El mensaje del funcionario, exabogado del grupo Techint, apunta a los jueces Víctor Pesino y Dora González, responsables de ordenar la intervención de la UOM, y al abogado Alberto Biglieri, designado por los camaristas para llevarla a cabo. Pero también reedita la tensión entre el ala “dialoguista” de la gestión de Javier Milei, que encabeza Santiago Caputo y en la que está enrolado Cordero, con los “halcones” libertarios entre los que destaca el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
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El 22 de mayo la Sala VIII de la Cámara del Trabajo anuló las elecciones llevadas a cabo en la seccional Zárate-Campana de la UOM, de donde emana el poder de Abel Furlán, y como efecto dominó invalidó el proceso de reelección del dirigente metalúrgico. Acto seguido dispuso la intervención por seis meses prorrogables por un plazo similar y encomendó a Biglieri llevar a cabo todas las medidas necesarias para encaminar un nuevo proceso electoral y también, de ordenamiento de la obra social. Este último ítem fue rebatido por los abogado de Furlán por entender que la entidad de salud es una figura jurídica diferenciada.
Entre los primeros efectos de la intervención figura la suspensión de un acuerdo salarial con una suba trimestral de 10 por ciento que había alcanzado la jefatura sindical semanas atrás y que Trabajo no había querido homologar con el argumento de que la jefatura de Furlán estaba cuestionada por la Justicia. La semana pasada finalmente Biglieri concurrió a la sede central de la UOM para asumir la intervención con un equipo en el que destacan exfuncionarios macristas como Omar Yasín, también primer secretario de Trabajo de Javier Milei (desplazado de su cargo por el escándalo derivado del aumento salarial que se había aprobado a sí mismo el Presidente) y Sandro Taricco (exsuperintendente de Salud de Cambiemos).
En ese contexto llamó la atención el aviso de Cordero a la intervención de que no les homologará eventuales intentos de avanzar con una adecuación del convenio colectivo de los metalúrgicos. Es que el desenlace judicial pareció resolverse a gusto del mandamás de Techint, Paolo Rocca, y bajo la influencia de Mauricio Macri por el alineamiento de Biglieri con el operador judicial Daniel Angelici. Rocca y Macri se habían reunido semanas atrás para dialogar sobre el escenario electoral y poco después de ese encuentro sus intereses confluyeron en la decisión de la Cámara laboral sobre la UOM.
Cerca de Cordero explicaron que una de las razones para eludir una posible modificación del convenio metalúrgico es la endeblez jurídica de una conducción designada por un proceso judicial y no por los mecanismos propios del sindicato. Es que el secretario de Trabajo viene de una participación traumática en la disputa interna del gremio de rurales Uatre, de donde salió con denuncias penales por parte de la conducción a cargo de José Voytenco.
Otra pista está en una charla reservada que el funcionario mantuvo semanas atrás con empresarios de varios rubros industriales, entre ellos el siderúrgico. “Les sugiero no comerse el elefante entero sino de a pedacitos”, les dijo en aparente alusión a la reforma laboral. Cordero cuestiona en voz baja el diseño de la normativa por parte de Federico Sturzenegger, a quien le achaca un desconocimiento supino sobre las dinámicas propias del mundo laboral en las unidades productivas.
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