El Senado reanuda la discusión por la Corte y Unión por la Patria abre el juego a la negociación

El Senado de la Nación retomará la discusión sobre la reforma de la Corte Suprema. El peronismo suma un proyecto para ampliar el máximo tribunal y pide públicamente abrir una negociación para su integración con el gobierno de Javier Milei.

El martes a las 14.30, se realizará el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, en las que se retomarán las exposiciones de juristas sobre los proyectos de reforma de la Corte, según comentaron a El Destape fuentes al tanto de la organización de la reunión. En la comisión que preside Alejandra Vigo del interbloque Provincias Unidas, disertarán Aida Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y los abogados Diego Hernán Armesto y Marcelo López Mesa.

La comisión tiene nueve proyectos de reforma de la Corte, que apuntan a ampliar la cantidad de miembros, estipular la paridad de género y, en algunos casos, priorizar la distribución federal de sus integrantes.

Si bien eran ocho expedientes, ahora se sumó uno firmado por la senadora del interbloque Unión por la Patria Juliana Di Tullio, basado en un viejo proyecto redactado por el ex senador Adolfo Rodríguez Saa. El expediente propone una Corte de nueve integrantes, de los cuales no puede haber más de nueve del mismo género. Estos deben ser representar, además, a distintas regiones del país. A diferencia de otros proyectos que circulan, el de Di Tullio propone que los ministros deben ser de distintas ramas del derecho.

Días antes de que se presentara el proyecto de Di Tullio, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, confirmó a La Nación que el peronismo buscará designar alguno de esos cargos. "Nosotros aspiraríamos a que sean por lo menos tres, para quedar en equilibrio", sostuvo el formoseño, que exigió que sean “personas de prestigio” quienes aspiren a integrar la Corte Suprema, que hoy opera con tres ministros y debe apelar a conjueces para fallar.

El máximo tribunal propició el desenlace de la causa Vialidad al rechazar el recurso de queja de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre fallo del tribunal Oral N°2. Este sentenció la prisión domiciliaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para la titular del Partido Justicialista.

"Siempre hay negociaciones", dijo Mayans ante los rumores sobre presuntas negociaciones entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional. Milei fracasó en su intento de colocar en la Corte por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La estrategia trunca tuvo como operador al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyas acciones están en baja.

Un hombre de Caputo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, surge como la principal espada judicial del Gobierno, situación que contrasta con la crisis del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, al que, según pudo recabar este medio, se lo menciona de salida.

Mientras tanto, desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA) ignoran si hay un interés real en tratar el proyecto. Son tiempos de cierres de alianzas y listas para las elecciones legislativas y, como se sabe, las tropas de Milei son escasas y las alianzas en la Cámara alta están en crisis. Lo más parecido a un proyecto del oficialismo es el presentado por un aliado de la Casa Rosada, el senador de Provincias Unidas Juan Carlos Romero. Nadie del mileismo se lo atribuyó como propio.

Qué dicen los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia

Uno de los proyectos fue redactado por el senador del interbloque Provincias Unidad Juan Carlos Romero y propone una Corte con siete miembros "de los cuales no más de cinco de sus integrantes sean del mismo sexo". 

Por otra parte, el proyecto firmado por la senadora de Unión por la Patria Silvia Sapag establece una Corte de quince integrantes, con no más de ocho del mismo género y una presidencia por un año y rotativa entre todos sus miembros.

Los cortesanos se dividirían entre regiones: Patagonia (Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); Centro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos); NEA (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones); NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Salta) y Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan).

Un tercero, de la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva, impulsa una corte de nueve, con no más de cinco del mismo género, y "con no más de dos integrantes por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata en la región". La presidencia sería por un año.

Los representantes se tendrían que dividir en tres áreas: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Norte (que incluye a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero), Centro (La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur "Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

El último proyecto presentado, el de Juliana Di Tullio (Unión por la Patria), propone nueve miembros. De estos, hasta cinco pueden ser del mismo género. Por otra parte, establece que el máximo tribunal esté compuesta por integrantes de "las distintas regiones del país": Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”. 

Finalmente, en el punto que se diferencia de otros proyectos, el de Di Tullio exige que la Corte tenga "representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado"

Los restantes cinco proyectos demandan, con variaciones, establecer la paridad de género en la integración del máximo tribunal. Estos tienen como firmantes a Sapag, Lucila Crexell (Provincias Unidas), Nora del Valle Giménez (Unión por la Patria), Flavio Fama (Unión Cívica Radical) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

En el caso de los firmados por Fama y por Vigo, también proponen extender la paridad de género a los tribunales federales colegiados de la Nación. El de Crexell, además, pide una Corte de nueve miembros.