Luego de que el presidente Javier Milei finalmente firmara este sábado el veto a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, cruzó al Gobierno nacional al asegurar que "la discapacidad tiene derechos y políticas públicas", ya que "es un motor productivo, no una variable de ajuste".
La votación en el Congreso de estas leyes fueron las dos más duras y recientes derrotas legislativas para el oficialismo. El Senado había aprobado las legislaciones a principios de julio: el Poder Ejecutivo dilató la firma de los vetos porque teme una derrota en Diputados. La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
La decisión de vetar las leyes, que se oficializará el lunes con su publicación en el Boletín Oficial, desató una ola de críticas y profundiza la tensión con la administración de Martín Llaryora. La reacción de Montero llegó mientras participaba del encuentro “Cooperar para Incluir” en la ciudad de Devoto, donde se debatían estrategias para impulsar cooperativas y generar empleo digno para personas con discapacidad, la ministra expresó su indignación ante el veto presidencial.
“No nos da lo mismo. Hay dos modelos, dos maneras de buscar soluciones”, afirmó la titular de la cartera de Desarrollo Humano provincial a través de un comunicado que compartió en redes sociales. “Mientras cerrábamos un evento para potenciar la inclusión, el Presidente firmó el veto a la ley de emergencia. No al veto”, sentenció, marcando una clara línea de disidencia con las políticas nacionales.
El gobernador Llaryora respaldó tácitamente el mensaje de Montero al compartir su publicación, junto con la del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan. Este último destacó la inauguración de la Sala de Elaboración de la Cooperativa Soy Vos en Devoto, donde más de 20 personas con discapacidad trabajan activamente. “En Córdoba, tenemos corazón”, escribió Brandan, subrayando el compromiso provincial con políticas inclusivas. “Para el Gobierno Provincial, las acciones en favor de la discapacidad son una verdadera política de Estado”, añadió.
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Las críticas no se limitaron al ámbito provincial. La diputada cordobesa Natalia de la Sota, conocida por sus cuestionamientos al gobierno de Milei, también alzó la voz. “Otra vez... Una vez más, Milei anula leyes del Congreso”, escribió en su cuenta de X. La legisladora apuntó directamente a los vetos que afectan los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. “Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes”, afirmó, abogando por una respuesta legislativa contundente.
Qué implican las leyes vetadas por Milei
El presidente Milei firmó este sábado el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria votada por el Congreso, que establecía en julio un aumento único de 7,2% a las jubilaciones en todos los niveles, un incremento del bono previsional mensual a $110.000 (era de $70.000) y la recomposición de la moratoria previsional, que venció en marzo de este año.
En tanto, también vetó la declaración de la emergencia para discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Desde el Gobierno ya habían anticipado la decisión. Así lo manifestó el propio Milei en su discurso del 10 de julio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mismo día en que el Senado sancionó las leyes. “Voy a vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal”, aseguró el jefe de Estado en aquella oportunidad, y agregó que, si el Congreso insistía con sus votos, judicializaría las normas.
En el mismo sentido, el libertario se pronunció la semana pasada en la exposición Rural y afirmó: “Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”. La gestión de La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar el veto. En un documento técnico publicado recientemente, luego de la aprobación de la primera revisión del acuerdo —que se completará este lunes con un desembolso de USD 2.000 millones e incluye un nuevo esquema de acumulación de reservas—, el organismo señaló que las leyes de gasto aprobadas en el Senado no resultan convenientes.
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