Después del estallido del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la diputada nacional por Encuentro Federal Natalia de la Sota le reclamó al presidente Javier Milei que brinde explicaciones públicas, ya que “es su responsabilidad informar y dar respuesta” a las acusaciones.
“En las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la Andis, fondos que deberían tener un solo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, aseguró de la Sota a través de su cuenta de X.
La legisladora cordobesa insistió en que la responsabilidad última recae en el propio Presidente. Según advirtió, "la información señala que los responsables directos serían personas de su entorno, por lo que exigimos y merecemos una explicación”. El escándalo derivó en múltiples pedidos de interpelación a ministros nacionales y reclamos de una comisión investigadora en el Congreso.
El viernes por la madrugada, el juez federal Sebastián Casanello ordenó alrededor de 15 allanamientos en el marco de la causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios verbalizados por Spagnuolo, ahora ex titular de la agencia y abogado íntimo del presidente Milei. La acción judicial marcó un meridiano en la narrativa oficial que construyó su legitimidad electoral sobre la promesa de erradicar la "casta corrupta".
Los audios filtrados revelaron más que un caso aislado de extorsión: "La gente de la (droguería) Suizo Argentina llama a los proveedores y les dice 'escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono, así se están manejando'", describió Spagnuolo en las grabaciones que circularon. La mención explícita a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, amplifica las dimensiones del escándalo hacia el núcleo familiar del poder.
De la Sota se reunió con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Hubo 172 votos, pero 73 votos fueron en contra del rechazo. De la Sota fue una de las diputadas que posibilitó el revés en el Congreso que sufrió el Gobierno nacional.
El proyecto, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse por un año, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, otorgar compensaciones de emergencia a los prestadores, actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles y asegurar el presupuesto de la ANDIS.
Tras la votación, la diputada se reunió este sábado con organizaciones que trabajan con personas que padecen algún tipo de discapacidad. Allí, aseguró: "No acepto que un recorte haga retroceder derechos. Defiendo un enfoque basado en derechos humanos y en la no regresividad. Quiero que salud, educación y protección social trabajen en red, que las organizaciones y las familias sean protagonistas, y que exista transparencia y control público sobre cada peso".
En esa línea, señaló: “Defender Córdoba, para mí, es cuidar primero a quienes más lo necesitan y poner los derechos por encima del ajuste. Hoy reafirmamos que la dignidad no se recorta, se defiende”. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si la oposición consigue los dos tercios, por primera vez en la historia el Congreso de la Nación habrá rechazado un veto presidencial.
Con fuertes críticas al "ajuste brutal" del Presidente, de la Sota lanzó su propio frente llamado Defendamos Córdoba con el que buscará ser reelecta en su banca. "Muchos sienten el peso de un recorte injusto que castiga a la clase media y a quienes más necesitan", sostuvo en su spot de lanzamiento.
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