Los proyectos que baraja el gobierno para la Corte y la Justicia

Según indicaron fuentes del Gobierno, el Poder Ejecutivo buscará tratar el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura en sesiones extraordinarias pero no los cambios que se analizan para la Corte Suprema. Con la marcha del 1 de febrero en el horizonte, se estudia la ampliación del Alto Tribunal y modificaciones para mejorar su funcionamiento.

16 de enero, 2022 | 00.05

El Gobierno se prepara para convocar a sesiones extraordinarias y uno de los temas que buscará tratar en el Congreso en el verano es el de la reforma del Consejo de la Magistratura, según indicaron a El Destape desde la Casa Rosada. Los cambios que se están analizando para la Corte Suprema de Justicia no se abordarán en las sesiones “especiales”, añadieron. En el Ejecutivo se barajan distintas opciones para modificar el funcionamiento del Alto Tribunal, que recientemente fue cuestionado por el presidente Alberto Fernández y que será el centro de una marcha convocada para el 1 de febrero próximo. Las reformas que se están estudiando para la Corte van desde una ampliación a cuestiones técnicas como la aplicación del artículo 280, método por el que no se adentra en las causas y les da un cierre definitivo.

El Consejo, a extraordinarias

El Gobierno apuesta a poder tratar en las sesiones extraordinarias el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió a principios de diciembre al Congreso. Se trata de la iniciativa que ingresó al Parlamento antes de conocerse el fallo cortesano que declaró inconstitucional la actual conformación de 13 integrantes que tiene el órgano que selecciona y sanciona jueces.

El 16 de diciembre pasado, el Tribunal Supremo al declarar la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo ordenó que el Congreso sancione una nueva ley que "respete" los "equilibrios" de los estamentos. Pero a la par, por si eso no sucede, dio un plazo de 120 días para que se restablezca la integración antigua de 20 miembros, en la que el presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Los cortesanos remarcaron que si no hay una readecuación en esos 120 días, los actos que se dicten “serán nulos”. Por lo que el 15 de abril podría paralizarse un organismo central para el funcionamiento del sistema judicial. Por ejemplo, es el que paga los sueldos del tercer poder del Estado.

Ante este escenario, el Gobierno apuesta a tratar en extraordinarias el proyecto que envió a inicios de diciembre y propone ampliar el Consejo a 17 integrantes pero manteniendo a la Corte afuera. La convocatoria a sesiones “especiales” puede darse esta semana.

Ante este escenario la incógnita es cómo actuará la oposición. El oficialismo está abierto a buscar un consenso y a realizar modificaciones a la iniciativa. Pero si no prospera en su apuesta y tampoco se logra completar el esquema de 20 integrantes que ordenó la Corte por trabas en la elección de cada estamento (hay muy poco tiempo para la designación de los nuevos miembros), el Consejo se paralizará. Se descuenta que si eso sucede, el Gobierno utilizará ese hecho para exponer a la Corte.

Los cambios que se barajan para el Tribunal Supremo

“En la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”, afirmó Alberto Fernández el 10 de enero pasado. El jefe de Estado expuso como ejemplo que los supremos aceptaron un per saltum para abordar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los magistrados que Macri nombró de forma irregular en la Cámara Federal porteña, pero tiene hace dos años para resolver la causa por la que la dirigente social Milagro Sala está presa y no la trata. “Soy el presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones. Pero que todavía Milagro Sala esté detenida significa que hay algo que está funcionando mal”, indicó Fernández en declaraciones a la AM 750.

El Presidente también criticó el fallo supremo que declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Es que la Corte revivió una ley derogada: la de los 20 integrantes que otorga la presidencia del órgano de selección y sanción de jueces al presidente de la Corte, es decir, a Horacio Rosatti.

Las críticas del jefe de Estado se dieron mientras empieza a tomar musculatura la marcha convocada para el 1 de febrero frente al Palacio de Tribunales, donde tiene sede la Corte. Se trata de los primeros capítulos en el 2022 de una contienda política que promete extenderse a lo largo del año.

El Poder Ejecutivo está contemplando la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal y otras modificaciones que hacen a su funcionamiento.

Desde el 1º de noviembre, el Tribunal Supremo funciona con cuatro integrantes por la partida de Elena Highton. El Gobierno debe postular a una candidata para reemplazarla pero aún no lo ha hecho. Necesita los dos tercios de los votos en el Senado para poder designarla y en la actualidad no cuenta con ellos. Por eso, en Balcarce 50 se analiza doblar la apuesta. El tema no se apurará para tratar en extraordinarias.

En la Argentina, la cantidad de miembros de la Corte estaba fijada en la Constitución de 1853. Allí, en su artículo 91, se establecía que debía estar compuesta por 9 jueces. Eso fue suprimido en la reforma de 1860. Aquel antecedente histórico es el que lleva a diversos juristas a postular esa cantidad de integrantes si se plantea una ampliación. La propuesta de 9 miembros llegó a oídos del Presidente hace ya tiempo.

En lo que hace a las cuestiones técnicas y al funcionamiento de la Corte que mencionó el Presidente, se estudia el abordaje del cuestionado artículo 280, conocido como “la plancha”, por el cual los supremos dejan firmes casos sin interiorizarse en ellos, es decir, sin fundamentarlos. Así, por ejemplo, dejó firme la condena contra el vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Aplicó el 280 y no se adentró en la causa que está repleta de irregularidades.

La problemática del artículo 280 integra el informe que elaboró el Consejo de Expertos que asesoró al Presidente en materia judicial. De los 11 integrantes de esa comisión, cinco consejeros (Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanián, Carlos Beraldi y Andrés Gil Domínguez) recomendaron mantenerlo pero con limitaciones. Las consejeras María del Carmen Battaini, Hilda Kogan y Inés Weinberg coincidieron en que hay que redefinir su uso y que la Corte deba fundamentar el rechazo y expresar “las principales conclusiones del estudio de la causa, que en la práctica siempre realiza la Corte previo a proponer la aplicación de la norma del 280”. Arslanián propuso que algunas causas queden excluidas de la posibilidad de utilizar el 280 como los casos en los que hay vulneración de derechos fundamentales, bienes colectivos y en causas penales. También hubo varias propuestas, incluida la de Omar Palermo, que planteó directamente derogar el actual artículo 280.

Desde la cartera de Justicia señalaron que este tema podría volcarse en una iniciativa legislativa puntual.

Paquete judicial

En pos de avanzar con los cambios que pretende aplicar en la Justica pero la oposición obstaculiza, el oficialismo analiza negociar este año en el Congreso un “paquete judicial”. La batería de iniciativas abre la posibilidad de un diálogo más amplio. O de lograr un resultado satisfactorio en alguna de las diversas iniciativas que se envíen.

Según fuentes judiciales, ese paquete puede constar de: la mentada reestructuración de la Corte, la designación del Procurador General de la Nación –en el Senado está el pliego de Daniel Rafecas- y la designación de 11 jueces en cargos vacantes de Comodoro Py, entre los que se cuentan los juzgados que ocuparon Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; los sillones de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña; y seis cargos en tribunales orales porteños. Se trata de todos concursos muy avanzados en el Consejo de la Magistratura pero que están trabados porque para seleccionar las ternas de candidatos se requieren 9 votos de los actuales 13 integrantes, es decir, deben ser apoyados por la oposición.

Dada la distribución de fuerzas en el Parlamento, nuevamente el interrogante es cómo actuará Juntos por el Cambios. Una duda sustancial es por qué ese sector político habría de prestarse a la negociación si los antecedentes le juegan a su favor: cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada se aprovechó de las vacantes en la Corte y en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Nombró dos supremos (Rosenkrantz y Rosatti) y 5 camaristas en Casación. Y forzó salidas en puestos claves del Poder Judicial cuyas vacantes siguen hasta hoy. Esos lugares, el macrismo los terminó ocupando con interinos que jugaron a su favor, como es el caso de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación, quien sigue al frente del Ministerio Público Fiscal hasta hoy.

En ese ajedrez político-judicial juega un papel central la interna que atraviesa a la principal fuerza opositora. Y la potencia que puedan adquirir los proyectos que impulse el Gobierno. La primera prueba del 2022 en esa línea se dará en dos semanas cuando se realice la marcha del 1F contra la Corte.

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