La ONU advirtió por la precariedad de los derechos humanos en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. En un informe crítico, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas alertó sobre detenciones masivas, violencia policial desproporcionada, uso excesivo de la fuerza en protestas y graves fallas en la protección de personas privadas de libertad. El organismo exigió medidas urgentes para frenar abusos y garantizar estándares básicos internacionales.
El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU publicó duras observaciones finales sobre Argentina tras evaluar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura durante 2024 y 2025. El organismo internacional consideró que el país atraviesa un retroceso en materia de derechos humanos, acompañado por prácticas estatales que vulneran garantías básicas y habilitan situaciones de tortura y malos tratos. El CAT es el órgano de Naciones Unidas a cargo de velar por la observancia de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las NU el 10 de diciembre de 1984 y que entró en funcionamiento en 1988.
Violencia policial y detenciones masivas
Uno de los puntos más críticos del informe se refiere al uso de la fuerza por parte de policías y fuerzas de seguridad. El Comité detalló denuncias por violencia desproporcionada, detenciones sin supervisión judicial y hostigamiento en barrios populares, incluidos menores de edad y personas en situación de calle.
La ONU expresó especial preocupación por los “operativos preventivos” y señaló que las normativas vigentes amplían la discrecionalidad policial, habilitando detenciones en supuestos de flagrancia difíciles de justificar. También alertó sobre el accionar de patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires que desempeñan funciones sin base legal.
Por otra parte, el documento dedicó un apartado clave al manejo de manifestaciones sociales. Para el organismo, varias resoluciones del Ministerio de Seguridad permiten un uso de la fuerza incompatible con los estándares internacionales.
Entre los puntos señalados figuran:
- Falta de límites claros para el uso de armamento no letal.
- Ampliación de facultades para recurrir a armas de fuego.
- Ausencia de criterios estrictos para contener protestas.
- Episodios de represión, como los registrados en Buenos Aires en marzo de 2025.
La ONU exigió que todos los operativos sean grabados y que el material quede disponible para investigaciones independientes.
Tortura y malos tratos en lugares de detención
El informe advirtió sobre un aumento de denuncias por tortura y malos tratos dentro de cárceles y comisarías, con hechos graves documentados en instituciones provinciales. Entre los casos más alarmantes mencionó simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y uso de dispositivos eléctricos.
También observó problemas estructurales: falta de atención médica, exámenes físicos realizados por personal policial, sobrepoblación carcelaria y uso excesivo de aislamiento.
Otro punto relevante del informe es la advertencia sobre posibles interferencias sobre la Justicia. La ONU expresó preocupación por acciones penales impulsadas por el Ejecutivo contra magistrados involucrados en decisiones sobre detenciones durante protestas, lo que podría generar un efecto intimidatorio.
Qué le pidió la ONU al gobierno de Javier Milei
La ONU pidió que Argentina adopte "medidas concretas", entre ellas:
- Revisar protocolos de uso de la fuerza.
- Asegurar investigaciones independientes sobre abusos.
- Mejorar las condiciones de detención.
- Garantizar acceso a información, abogados y médicos independientes.
- Asegurar reparación integral para víctimas de tortura.
La respuesta del Gobierno al informe de Naciones Unidas
El Ministerio de Seguridad sacó un comunicado para responder al informe y señaló que el documento está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista".
El Gobierno expresó su "enérgico rechazo" al conjunto de observaciones finales emitidas por el Comité contra la Tortura de la ONU. El documento "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" exhibe un "sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
Según la cartera conducida por Patricia Bullrich señaló que el informe "omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández". Entre ellos destacó el "escándalo del Vacunatorio VIP, que involucró a buena parte de la dotación de altos funcionarios kirchneristas tales como el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana y al entonces presidente del CELS, Horacio Verbitsky, evidenciando un uso discrecional abusivo e ilegal de recursos públicos en plena crisis sanitaria".
"Mientras que presenta como políticas impecables a las del gobierno de Alberto Fernández, asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito", subrayó el Ministerio.
Finalmente, el comunicado sostuvo que "entre otra de sus flagrantes imprecisiones", el informe "atribuye al Poder Ejecutivo la responsabilidad por la falta de designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuando dicha atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación".
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