El conflicto territorial con comunidades indígenas en Salta volvió a cobrar centralidad en medio de cuestionamientos al modelo de desarrollo impulsado en la provincia. En los Valles Calchaquíes, los recientes desalojos de familias diaguitas reactivaron las denuncias por el avance sobre territorios comunitarios, en un contexto atravesado por el impulso a proyectos extractivos y el respaldo del gobierno de Gustavo Sáenz al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido por la administración de Javier Milei y acompañado por la representación legislativa salteña en el Congreso.
En ese marco, la comunidad indígena de Las Pailas, en el municipio de Cachi, denunció un nuevo desalojo ocurrido el pasado 12 de junio que afectó a varias familias diaguitas. Según relataron sus integrantes, el operativo provocó daños en viviendas, corrales y cultivos, además del desplazamiento de pobladores que reivindican la ocupación ancestral del territorio. El conflicto también llegó este jueves al Senado provincial, mientras desde la comunidad advierten sobre un escenario de creciente tensión: “Los hermanos están decididos a todo, a morir si es necesario. Son nuestros hogares, nuestra forma de vida y nuestra tierra”.
En diálogo con El Destape, el representante de la comunidad, Ulises Yanes, relató que efectivos de Infantería participaron del operativo de desalojo ordenado por la Doctora María Alejandra Diez Barrantes, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5. “El desalojo se realizó sin instancias previas de diálogo y fue muy violento, llegaron a nuestro territorio más de 400 efectivos policiales, militarizaron la comunidad para el desalojo, abarcando 44 hectáreas en lugar de las 4 que se discuten”.
La jueza fundamentó la medida en la derogación de la Ley 26.160. “No solamente destrozaron nuestras viviendas, también nuestros animales. Las cosas de algunos hermanos quedaron a la intemperie y muchos quedaron sin nada”, relató Yanes.
El caso de Las Pailas atraviesa más de una década de disputas territoriales y puede leerse en tres etapas. La primera se inició en 2010 con los litigios por la tierra y los primeros desalojos; la segunda, en 2019, profundiza el reclamo por el reconocimiento de los derechos de la comunidad diaguita; y la tercera se abre en 2026, con la reactivación de la causa judicial, nuevos operativos y una creciente tensión en el territorio.
En el centro de todo el proceso persiste una tensión estructural no resuelta: la disputa entre la propiedad privada, la posesión ancestral indígena y el modelo de uso del territorio en los Valles Calchaquíes, atravesado además por intereses productivos, turísticos y extractivos.
Sáenz, el modelo extractivo y el reclamo político
En ese marco, Yanes cuestiona la actuación del Estado provincial y sostiene que no existe voluntad política de diálogo por parte de Gustavo Sáenz. “El gobernador no se reunió con nosotros, venimos pidiendo audiencia para ver cómo podemos avanzar, pero nunca nos recibió y estas son las consecuencias”.
Desde la comunidad, el conflicto se interpreta como parte de un escenario más amplio vinculado a la expansión de intereses mineros en la provincia, particularmente en zonas donde se identifican cateos de litio, oro y tierras raras. En esa línea, Yanes advierte que las decisiones políticas recientes profundizan la situación.
“El gobierno de Milei está en contra del derecho indígena por eso derogó la Ley Nº 26.160. Esta situación se puede poner peor porque hay varias comunidades que les espera esta misma suerte, va a haber un caos social”, señaló.
El dirigente también vinculó el contexto provincial con el acompañamiento legislativo al SUPER RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversiones aprobado en el Congreso con apoyo de representantes salteños, al que distintos sectores critican por favorecer el avance de proyectos extractivos en territorios en disputa.
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El conflicto llegó al Senado de Salta
Tras el desalojo, el caso fue abordado en el Senado provincial el jueves 25. Legisladores recibieron a referentes de las familias afectadas para escuchar sus planteos y analizar posibles mecanismos institucionales de respuesta. Durante el encuentro, las comunidades reclamaron la conformación de una mesa de diálogo intercultural y medidas urgentes para evitar nuevos desalojos mientras se resuelven los conflictos de posesión y propiedad de las tierras.
Por su parte, senadores provinciales manifestaron preocupación y anunciaron gestiones ante el Poder Ejecutivo, además de impulsar iniciativas vinculadas a la emergencia territorial de comunidades indígenas.
Sin embargo, Yanes expresó desconfianza tras la reunión. “No podemos creer en la palabra de los senadores provinciales, a la tarde votaron una ley donde permiten que donen tierras de Finca Las Costas donde viven las comunidades de Lules”, afirmó, en referencia a la autorización de comodato a favor de Tigres Rugby Club.
Nosotros vamos a resistir”, concluyó el líder de la comunidad Paila.
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