El conflicto por la deuda del gobierno de Javier Milei con prestadores del PAMI en Córdoba escala: cerca de 160 intendentes presentaron un reclamo ante las autoridades de la delegación local que conduce Eduardo Frayre por la falta de cancelación de pagos. Según datos del Ministerio de Salud provincial, la deuda nominal con los municipios asciende a $2.900 millones, aunque actualizada con intereses alcanza los $4.700 millones.
En medio de la dramática situación que atraviesan los adultos mayores ante el ajuste que lleva adelante la administración libertaria, los mandatarios municipales elevaron una nota donde denuncian una crisis operativa y financiera. El punto central es la utilización de fondos propios para garantizar la atención de los adultos mayores en los hospitales locales ante el incumplimiento de la obra social nacional. Hace algunos días, el gobernador Martín Llaryora advirtió que "el PAMI no puede abandonar a los abuelos" y dejarlos "en este estado".
Los intendentes también denuncian fallas en el sistema de traslados de pacientes. Según explican, las empresas privadas contratadas por PAMI no logran cubrir la demanda, lo que obliga a los municipios a utilizar sus propias ambulancias para garantizar derivaciones urgentes. Esto implica costos adicionales que tampoco son reconocidos por la obra social, agravando aún más la situación financiera de las comunas. “No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados”, afirmaron y se solidarizaron con los médicos que también llevan adelante reclamos salariales.
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El listado cuenta con 156 firmas únicas, lo que representa el 36,5% de los 427 municipios y comunas de la provincia. De acuerdo con las proyecciones del Censo 2022, estos mandatarios gobiernan sobre una población estimada de 1.450.000 personas.
Si bien la lista es extensa y federal, hay ausencias de peso político y demográfico que son clave en el mapa cordobés: Daniel Passerini (Córdoba Capital); Esteban Avilés (Villa Carlos Paz); Marcos Ferrer (Río Tercero); Juan Manuel Moroni (Bell Ville); Maximiliano Rivarola (Villa Dolores) y Federico Zárate (Jesús María) son algunos de los intendentes que no firmaron la nota.
Entre los reclamos de los prestadores y al paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, los gobernadores profundizaron las quejas al sostener que los servicios de salud provinciales están presionados por la mayor demanda de afiliados PAMI y piden que les paguen lo adeudado.
En medio de la crisis, la Legislatura solicitó la renuncia del titular del PAMI
En paralelo, la Legislatura provincial aprobó un proyecto de declaración que solicita la renuncia de Frayre, ante la falta de respuestas institucionales frente a la situación que atraviesan los jubilados de la provincia. La iniciativa presentada por el legislador Dante Rossi plantea la existencia de demoras prolongadas en la atención y la obtención de turnos, y dificultades para acceder a consultas médicas incluso cuando los turnos son otorgados, debido a la saturación del sistema.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, y en el debate expusieron la mayoría de los bloques con representación parlamentaria. En este contexto, la iniciativa cuestiona la falta de respuestas por parte de las autoridades locales del organismo.
Frayre quedó a cargo de la delegación local en reemplazo de Marcos Patiño Brizuela, quien asumió en diciembre como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA). Ambos responden a Gabriel Bornoroni, líder de la bancada oficialista en la Cámara baja. El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, apuntó contra la falta de respuestas de Bornoroni: “Sé de colegas que intentaron comunicarse con él, que podría ser un nexo con el Gobierno nacional, y no está respondiendo los mensajes”, afirmó en diálogo con La Voz.
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