En medio del deterioro creciente de la red vial y la paralización de obras clave por decisión del gobierno de Javier Milei, el diputado provincial Diego Rotela cuestionó la intención de instalar tres estaciones de peaje en rutas nacionales de Jujuy y apuntó contra la falta de mantenimiento de los corredores viales en la provincia. “La gente no quiere hablar con funcionarios, la gente quiere soluciones. Esto ya no tiene que ver solo con lo productivo, sino con la seguridad vial”, afirmó.
Tras una reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos con el titular de la delegación jujeña de Vialidad Nacional, Mario Eduardo Briones, el diputado Rotela expuso la situación crítica de distintos tramos de rutas nacionales que atraviesan el territorio jujeño, especialmente en la Puna, el norte provincial y el ingreso por la Ruta 34. “Hay sectores detonados. Son muchos pozos unidos por pavimento y representan un peligro para quienes circulan”, cuestionó.
Según detalló el medio Somos Jujuy, uno de los puntos que generó mayor preocupación durante la reunión fue la posibilidad de avanzar con la el establecimiento de cabinas de peaje. De acuerdo con lo informado por el legislador, las estaciones se proyectarían en:
- Ruta Nacional 34, entre Pampa Blanca y San Pedro.
- Ruta Nacional 9, entre San Salvador de Jujuy y La Quiaca.
- Ruta Nacional 52, entre Purmamarca y el Paso de Jama.
Para Rotela, es imposible debatir la instalación de peajes sin poner sobre la mesa el alarmante deterioro de la red vial. El dirigente remarcó que la prioridad absoluta debe ser garantizar "rutas seguras y con mantenimiento adecuado", al mismo tiempo que denunció la parálisis de las obras públicas y las graves dificultades que enfrentan a diario los conductores en el interior jujeño.
Rutas nacionales: debate por las concesiones y ejecuciones de obras
Según explicó el legislador Rotela, durante el encuentro también se abordó el convenio firmado entre la Provincia y Nación para la transferencia operativa de la Ruta Nacional 40, mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad se hará cargo únicamente de tareas de mantenimiento. “Esta transferencia operativa implica perfilado y mantenimiento, no obras nuevas, no implica puentes ni mejoras estructurales”, aclaró Rotela.
De esta manera, comparó el proyecto con otros sistemas de concesión vial del país y señaló que, en otros casos, existe participación financiera del Estado nacional. “Pregunté si, como ocurre en Panamericana o General Paz, iba a haber aporte estatal además del peaje. Nos dijeron que no, y así veo difícil que exista interés privado”, señaló.
Esta situación se enmarca en una política más amplia: en abril, a través del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional resolvió delegar en las provincias la concesión y ejecución de trabajos sobre las rutas nacionales. La decisión profundiza el retiro del Estado nacional de la infraestructura pública y traslada costos, gestión y responsabilidades a distritos ya golpeados por la caída de recursos.
Con esta medida, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Sin incluir a Jujuy, las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
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