Los habitués del garage del Congreso creían haber visto todo. Pero la aparición de un vehículo de la marca Tesla —modelo Cybertruck, valuado en unos 300 millones de pesos— despertó el mismo asombro que produce un elefante en una sala de espera. El dueño del armatoste es Manuel Quintar, abogado jujeño, diputado nacional por La Libertad Avanza desde diciembre de 2023 y hombre de la galaxia política de Martín "Lule" Menem. En plena tormenta por los gastos de Manuel Adorni, el auto, una mezcla de Batimóvil bizarro y armadillo estelar de película de ciencia ficción, circuló por las redes sociales con la velocidad del escándalo.
Quintar dobló la apuesta. En su cuenta de Instagram, el diputado publicó una foto junto al Cybertruck con texto provocador: "Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad". El presidente Javier Milei lo respaldó. “Con la suya puede hacer lo que quiera”, dijo. Un mantra que, aplicado al perfil del legislador, sintetiza la quintaesencia del experimento libertario: el mismo Estado que ajusta jubilaciones, vacía el PAMI y destruye empleo formal celebra el enriquecimiento de quienes tienen acceso a la lapicera.
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La mano que mece la cuna de oro
A contramano del relato libertario, el Cybertruck no es un símbolo de éxito individual. Es el resultado del remanido modelo de saqueo, acumulación y transferencia regresiva en favor de la élite.
La familia Quintar construyó un pequeño emporio en el sistema de salud privada de Jujuy durante los años noventa, cuando el desfinanciamiento del sistema público provincial abrió un nicho que el clan supo aprovechar. El Sanatorio Quintar fue durante décadas una referencia en San Salvador de Jujuy. Con el tiempo, expandieron posiciones: fundaron la clínica geriátrica y de rehabilitación San Francisco SRL, sumaron la representación de las clínicas Lavalle y Del Rosario, y Manuel —el abogado de la familia— quedó al frente de Los Lapachos, el sanatorio insignia.
A ese patrimonio empresarial se sumó una carrera política trazada al estilo “casta”: antes de convertirse en el candidato de Milei en Jujuy, Quintar compitió como aspirante a diputado provincial en las elecciones de 2021 por el Partido Justicialista, bajo el paraguas del empresario y legislador peronista Rubén Rivarola. El pase al emprendimiento libertario potenció las ganancias.
La pista PAMI
En marzo de 2024, a tres meses de iniciarse el gobierno de Milei, Evaristo Bautista fue designado titular de la delegación del PAMI en Jujuy. Quintar, también de estreno en su banca, sumó otro motivo para celebrar: Bautista era el contador de Los Lapachos.
Según la denuncia presentada ante el fiscal federal Federico Zurueta por el abogado Facundo Pérez Ernst, desde su nuevo puesto Bautista operó un esquema sistemático de distribución de fondos públicos hacia el entramado familiar del legislador. El mecanismo descripto por el denunciante tiene tres patas: La primera: la Clínica San Francisco SRL, cuya titular es Natalia Carolina Castillo Aurane, esposa del diputado. La segunda: la Cooperativa de Profesionales de la Salud, que en junio de 2024 incorporó a Pablo Perovic —médico de larga trayectoria en Los Lapachos y de estrecha relación con Quintar— y designó como apoderada a Analía Quintar, prima del legislador. El 30 de enero de 2025, con la firma del propio Bautista, esa cooperativa quedó habilitada como prestadora del PAMI Jujuy. En junio del mismo año, la Clínica San Francisco solicitó su inscripción bajo dos modalidades: Diagnóstico por Imagen Ambulatorio y Prestación Nivel II.
La tercera pata del entramado que describe el denunciante apunta a Roque Cecilio Pereyra, apoderado legal de la Clínica San Francisco, esposo de Analía Quintar y, a la vez, socio del diputado en el estudio jurídico Quintar y Asociados. Pereyra también ejerce como titular de Migraciones Jujuy, organismo descentralizado de la Vicejefatura de Gabinete de la Nación.
"El grupo Quintar conformó una estructura estable, jerarquizada y persistente, que abarcó la planificación, ejecución, administración y posterior encubrimiento de maniobras destinadas a eludir los controles del Estado", precisó Pérez Ernst en su escrito. Sobre Bautista, el denunciante afirmó que “su rol es insoslayable, pues por años trabajó junto al grupo Quintar y no podía desconocer la vinculación societaria y familiar, lo que lo constituye en partícipe necesario".
La otra rama del circuito, según Pérez Ernst, operó la manipulación de los llamados "topes", el mecanismo que fija cuántas prestaciones puede brindar cada establecimiento a los afiliados. Mientras esos límites se reducían para la mayoría de las clínicas, Los Lapachos recibía una carga creciente de pacientes del PAMI.
La pista ANDIS
La conexión entre el entramado Quintar y la Agencia Nacional de Discapacidad tomó estado público en abril de 2025, cuando la Agencia Noticias Argentinas reveló que beneficiarios de Pensiones no Contributivas en Jujuy recibían telegramas citándolos a presentar documentación médica en el Policonsultorio Los Lapachos, ubicado en la avenida Valle Grande 743 del barrio Alto Comedero. El trámite —la verificación de continuidad del beneficio— se realizaba en un establecimiento privado vinculado a la familia del legislador, en lugar de en una dependencia pública del organismo. Las derivaciones llevaban la firma de Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS, hoy procesado por fraude al Estado, cohecho y asociación ilícita.
Audios con la voz del funcionario —que hasta asumir en Andis fue abogado personal de Javier Milei— relatan el supuesto pago del 3% de las contrataciones con sobreprecios a Karina Milei, jefe de su hermano presidente y mentora de Lule Menem, encargado de gestionar La Libertad Avanza en todo el país.
Menem y Quintar aparecen asociados en otro expediente, que instruye el fiscal federal Guillermo Marijuán, a raíz de la intervención de OSPRERA, la Obra Social de los Peones Rurales. En esa causa se consigna que el diputado jujeño promovió como interventor a Juan Ignacio Macedo Moresi, tras la caída en desgracia del operador Sergio Aguirre, socio comercial del clan Menem. El operativo de recambio se precipitó por las denuncias del presunto pago de sobreprecios de la Osprera intervenida a la proveedora de insumos médicos favorita del ecosistema libertario: la droguería Suizo Argentina, la misma que está siendo investigada por coimas y sobreprecios en la causa ANDIS.
Futuro en venta
El caso Quintar no es un episodio aislado en el esquema del gobierno de Milei. Es el correlato a escala de una lógica que opera también en las grandes decisiones de Estado: liquidar el patrimonio público a precio subvaluado para conseguir los dólares que financian la fuga de capitales y el pago de la deuda. La confirmación más explícita la dio el propio viceministro de Economía, José Luis Daza, en una exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba: el Gobierno proyecta recaudar 3.000 millones de dólares durante 2026 mediante privatizaciones y concesiones de empresas públicas, como parte del plan de acumulación de reservas acordado con el FMI. "Estamos comprando reservas a una velocidad equivalente a US$ 20.000 millones al año", afirmó el funcionario. "Las cosas se están dando como esperábamos."
Los activos en remate son de envergadura estratégica. El 14 de mayo, el Ministerio de Economía confirmó que publicaría los pliegos para la venta del 90% de las acciones de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a más de quince millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires. La administración estima recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación, que fue valuada por el BICE. El antecedente directo —la concesión a la empresa francesa Suez en los años noventa— terminó en rescisión de contrato, incumplimiento de inversiones comprometidas, deterioro del servicio y una demanda internacional ante el CIADI. La historia conocida no alteró los planes. Ya hay candidatos para quedarse con el agua del AMBA: entre los interesados figura la familia Neuss —integrantes de Edison Energía— y el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor.
El mismo día en que se anunciaba la venta del agua, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ya llevaba diez días con un expediente abierto para habilitar el acceso de inversores privados a todos sus activos estratégicos. El procedimiento, denominado "Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas" e iniciado el 4 de mayo, establece que los interesados podrán solicitar visitas y documentación técnica sobre cualquier bien bajo la órbita de la CNEA: yacimientos de uranio, instalaciones, equipamiento y datos históricos de operaciones. Los yacimientos identificados —Sierra Pintada en Mendoza, Cerro Solo y Laguna Colorada en Chubut, Don Otto en Salta— totalizan 38.740 toneladas de uranio. Desde la junta interna de ATE CNEA advirtieron que la avanzada apunta también al reactor de investigación AR 10. El expediente fue iniciado el mismo día en que una delegación del Departamento de Estado y de las autoridades regulatorias de los Estados Unidos llegó al país para inspeccionar los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había declarado en cadena FOX que existía un "compromiso argentino con las empresas norteamericanas para la extracción de tierras raras y el uranio."
Mientras tanto, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y Maximiliano Voss —quien ejercía como presidente del BICE al momento de los hechos— por defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica. El caso gira en torno al proceso de cotización de Intercargo, la empresa pública de servicios aeroportuarios. Mediante la resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo de 2026, se aprobó un precio base de venta de 45 millones de dólares. El problema, según la denuncia, es que en el balance del último ejercicio la empresa registró un superávit superior a los 20 millones de dólares y el propio Adorni reconoció en su presentación ante el Congreso que la firma posee activos corrientes por 55 millones de dólares. El precio base fijado, entonces, resulta inferior al valor de los activos líquidos que el propio gobierno declaró. "Esta denuncia busca frenar una posible estafa al pueblo argentino, evitando también el riesgo sobre la continuidad laboral de 1.500 familias aeronáuticas y el futuro del sistema aerocomercial nacional", señalaron desde APA. La pregunta que subyace es la misma que aplica a cada proceso de venta: si el BICE —el mismo organismo que ahora valúa AySA— tasó Intercargo por debajo de sus propios números, ¿quién se queda con la diferencia? Los afortunados compradores, claro.
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Fiesta en la élite
El proceso privatizador no es neutro. Hay nombres que aparecen una y otra vez en las adjudicaciones que el gobierno apura empujado por la necesidad de juntar dólares para sostener planchado el tipo de cambio —principal ancla antiinflacionaria del plan, junto con las paritarias a la baja— y financiar la fuga de divisas, que crece a niveles récord.
Juan, Patricio y Jorge Neuss —tercera y cuarta generación de una familia empresaria curtida en escándalos— aceleraron su desembarco en sectores estratégicos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. El Ministerio de Economía adjudicó, mediante la resolución 673, la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener, la empresa que opera la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión que conecta gran parte del país— a un consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, por 356 millones de dólares. Dentro de Edison Energía figuran Juan y Patricio Neuss, el empresario Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan. El mismo consorcio ya había ganado las licitaciones de las represas Alicurá —en Río Negro-Neuquén— y Cerros Colorados —en Neuquén— y adquirido la generadora Potrerillos en Mendoza.
El hilo que une a Quintar con los hermanos Neuss, con la venta de AySA, con el expediente de la CNEA y con la cotización de Intercargo es el mismo: un Estado que recorta hacia abajo y transfiere hacia arriba. Que vacía el PAMI para mostrar superávit y vende el patrimonio estratégico para acumular reservas que sostienen el esquema cambiario.
El informe de coyuntura de abril de 2026 elaborado por el colectivo de economistas MATE traza la anatomía de esa transferencia. Los salarios del sector público cayeron un 23% en términos reales desde que asumió Milei; cada trabajador estatal perdió el equivalente a 12,4 millones de pesos. En el sector privado, la pérdida acumulada por empleado ronda los 2,26 millones. Las jubilaciones retrocedieron un 24% en poder de compra —quienes cobran la mínima perdieron el 30%— y cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 6,2 millones de pesos. En total, la transferencia de ingresos desde los bolsillos de trabajadores, jubilados, sindicatos y obras sociales hacia el capital alcanzó los 83,4 billones de pesos.
Las obras sociales perdieron 15,2 billones de pesos en aportes, por la combinación de caída salarial y destrucción del empleo formal: el sistema registró más de 309 mil puestos formales perdidos desde diciembre de 2023, a un ritmo de 383 bajas diarias. El desfinanciamiento de las obras sociales es el caldo de cultivo donde prospera el negocio de quien puede ofertar prestaciones privadas cuando el sistema público colapsa. Así, por caso, hizo “la suya” la familia Quintar.
Los recursos extraídos a motosierra fluyen al exterior. Según datos del Banco Central, en marzo de 2026, empresas con capital extranjero —en particular petroleras— giraron al exterior 869 millones de dólares en utilidades, el mayor registro mensual en quince años. El acumulado desde que se levantaron los controles cambiarios superó los 46 mil millones de dólares en fuga de excedentes, una cifra que supera los dólares generados por la economía real en el mismo período.
El modelo, según el análisis de MATE, solo cierra con deuda pública, deuda privada y el apoyo financiero de los Estados Unidos. A ese fondeo, el gobierno le sumará el producto del saqueo, para que la élite oficialista —como el “diputesla”— tenga dólares suficientes para darse todos los gustos.
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