Frente al escenario de recortes que afectan a las personas con discapacidad, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Axel Kicillof, expresó su adhesión al proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad a nivel nacional. A través del Consejo Provincial para personas con Discapacidad (COPRODIS), el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con los derechos de este sector, al tiempo que denunció el impacto negativo de las medidas adoptadas por la gestión del presidente Javier Milei.
La iniciativa legislativa, que se impulsa desde la Cámara de Diputados de la Nación, cobra fuerza en un contexto signado por el ajuste de las partidas presupuestarias y la paralización de políticas públicas vinculadas a salud, educación, inclusión laboral y pensiones. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dirigido por Andrés Larroque, se manifestó a favor del proyecto como un paso clave para resguardar derechos que están en riesgo por decisiones del Gobierno nacional.
La adhesión provincial se hizo pública en vísperas de la movilización por el Día del Trabajador y la Trabajadora, realizada el 30 de abril. En ese marco, la subsecretaría de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, reafirmó el rumbo de una política inclusiva.
Por su parte, el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, aseguró: "Consideramos fundamental acompañar esta iniciativa, que tiene como objetivo garantizar derechos esenciales de las personas con discapacidad en materia de salud, educación, trabajo, inclusión y protección social".
Preocupación por recortes y auditorías en pensiones
Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad es la auditoría masiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC), que desde el oficialismo se justifica como una medida de control, pero que desde organismos sociales y provinciales se interpreta como un intento de recorte encubierto.
En respuesta, la provincia de Buenos Aires elaboró una Guía Orientativa para acompañar a los titulares de estas pensiones, al tiempo que se avanza en la propuesta de crear una nueva modalidad de PNC compatible con el empleo formal. Esta iniciativa apunta a una mayor autonomía de las personas con discapacidad, sin que pierdan el acceso a beneficios sociales si consiguen un trabajo registrado.
“Esta propuesta representa un avance hacia una verdadera inclusión social y laboral, porque reconoce que las personas con discapacidad pueden y deben ejercer su derecho al trabajo sin ser penalizadas por ello”, explicó el director Raúl Lucero.
Programas inclusivos y compromiso territorial
Desde la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad se implementan diversos programas orientados a fomentar la participación activa en la vida social y productiva de jóvenes y adultos con discapacidad. Estas acciones comprenden iniciativas de formación, generación de empleo, emprendimientos productivos y acceso a servicios, que buscan romper las barreras estructurales que dificultan el desarrollo pleno de este colectivo.
El Gobierno provincial subraya que estas políticas forman parte de una gestión comprometida con la ampliación de derechos, en línea con el enfoque del gobernador Axel Kicillof. En un contexto nacional adverso, remarcan que la adhesión a la Ley de Emergencia en Discapacidad representa no solo un gesto político, sino una necesidad urgente para sostener una red de contención y garantizar igualdad de oportunidades.
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La declaración de emergencia permitiría, según explican desde el COPRODIS, activar mecanismos de financiamiento extraordinario, frenar medidas regresivas y proteger a las personas con discapacidad frente a la incertidumbre social y económica que atraviesa el país.
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