Lavega: "El veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad generará una oleada de despidos"

La referente de la Red de Prestadores advierte que los pagos por la asistencia están congelados hace siete meses y que la situación es insostenible. Se espera que la ley sea aprobada esta semana en el Senado.

07 de julio, 2025 | 08.01

El gobierno de Javier Milei ya adelantó que vetará la ley de Emergecia en Discapacidad que tiene media sanción y que se espera sea tratada en el Senado esta semana. En una entrevista con El Destape, Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de la Provincia de Buenos Aires, alertó que sin la ley miles de personas quedarán sin trabajo y se cerrarrán centros de asistencia debido a que los costos aumentan sin que suban los montos que se pagan por las prestaciones. 

"El veto de la ley de Emergencia significaría un duro golpe a los puestos de trabajo. Las instituciones que estamos en discapacidad manejamos un plantel muy grande de familias que quedarían en la calle. Para que se den una idea, un hogar de residencia permanente generalmente tiene el doble de la cantidad de pacientes que tiene. Sería terrible la oleada de puestos de empleo que se van a perder", sostiene Lavega, quien además alerta que hace 7 meses que están recibiendo los mismos montos de pago por las prestaciones. 

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados, busca restituir derechos y garantizar la continuidad de las prestaciones. Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de la Provincia de Buenos Aires, destaca la importancia de esta norma y su impacto directo: “Es un proyecto que pone en valor los derechos de las Personas con Discapacidad, respeta la Convención Internacional, cuida el rol del prestador y solicita una recomposición arancelaria que le permita seguir trabajando”, afirma Lavega que trabaja codo a codo con Daniel Alvarez por las prestaciones. 

“Institución que cierra, no vuelve a abrir. Muchos hogares tienen una planta laboral que duplica la cantidad de residentes. Sin financiamiento, no solo peligra el tratamiento: también el empleo de miles de personas”, explica. 

La ley además contempla que las pensiones no contributivas puedan ser compatibles con el trabajo formal y propone mecanismos de actualización por inflación, algo esencial en un contexto de crisis inflacionaria. Según Lavega, la aplicación efectiva de esta norma significaría que personas con discapacidad no pierdan sus tratamientos ni sus sistemas de apoyo, mientras que las instituciones podrían seguir funcionando: Hoy, la realidad que describe es grave: “Hay baja en la calidad alimentaria, recorte en traslados, reducción de horas profesionales, actividades canceladas y, finalmente, el cierre. Antes de eso, ya acumulan deudas imposibles con cargas sociales y sindicatos”.

El conflicto se agudizó tras la Resolución 187/2025 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, que reintrodujo terminología médica arcaica y ofensiva —como “idiota” o “débiles mentales”— para definir el acceso a pensiones. La medida fue finalmente derogada por el repudio social y político, pero dejó al descubierto una política pública que para muchos está siendo desmantelada.

“No somos idiotas, no somos imbéciles, somos personas con derechos”, decía un cartel frente al Congreso en una de las movilizaciones más numerosas que el colectivo de discapacidad haya tenido en los últimos años. La protesta no fue aislada: fue el grito de un sistema en alerta. Prestadores desfinanciados, terapias interrumpidas, hogares cerrando y familias desesperadas forman hoy un escenario crítico que se intenta visibilizar con fuerza en todo el país.

 

Qué cambios establece la ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto de ley de emergencia en discapacidad declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de "garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo". Además, busca fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad y regularizar pagos, actualizar aranceles, reformar el sistema de pensiones no contributivas, y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad. 

Las prestaciones acumulan un atraso arancelario del 73 %, mientras que las prepagas fueron autorizadas a aplicar aumentos por encima del índice de inflación. El gobierno nacional denuncia que la ley generará un duro impacto en el déficit fiscal, sin embargo el Foro Permanente de Discapacidad sostiene que ley de emergencia que se debate representa apenas un 0,03 % del PBI. "El cambio puede garantizar la continuidad de un sistema que atiende a unas 250.000 personas que no encuentran respuestas en el sistema público", sostienen desde el Foro. 

La iniciativa también busca asegurar la asistencia psiquiátrica ambulatoria y atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, así como tratamientos integrales para situaciones de cronicidad que promuevan la rehabilitación e inserción social. 

La ley de emergencia también podría implicar:

Regularización de pagos:

Se busca asegurar el cumplimiento de los pagos a prestadores de servicios y proveedores de insumos para personas con discapacidad.

Actualización de aranceles:
Se plantea una actualización de los valores de las prestaciones para garantizar que los prestadores puedan cubrir los costos de los servicios. Hoy hay un atraso de siete meses, es decir que pagan por las prestaciones lo mismo que se pagaba desde diciembre de 2024. 

Reforma del sistema de pensiones no contributivas:
Se busca mejorar el acceso y la cobertura de las pensiones para personas con discapacidad. 

Refuerzo de la Agencia Nacional de Discapacidad:

Fortalece esta entidad para que pueda cumplir de manera más efectiva sus funciones de coordinación y gestión de políticas públicas en materia de discapacidad, de acuerdo con el proyecto. 

Mayor acceso a tratamientos:
El proyecto busca garantizar la atención en salud, incluyendo asistencia psiquiátrica y tratamientos integrales para la rehabilitación e inserción social. 

Mayor acceso a transporte:
Acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, incluyendo trenes, subtes, colectivos y micros. 

Uso del Símbolo Internacional de Acceso:
Permite tener libre tránsito y estacionamiento.