Los indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% de la población del país, muestran los efectos de los dos años y medio de ajuste impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, que no dan señales de un cambio de rumbo. Hasta febrero se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses y la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos por encima del promedio nacional. Los salarios también evolucionaron peor que en el resto del país, mientras que los recursos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real en el primer cuatrimestre de 2026. En ese contexto, crecieron los reclamos de los intendentes bonaerenses: el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la Provincia debería abandonar el régimen de coparticipación, una idea que ya había planteado Jorge Ferraresi, de Avellaneda.
El CEPA cuenta con un Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires que, en base a datos oficiales, sigue la evolución de las principales variables bonaerenses y muestra un deterioro sostenido desde noviembre de 2023. En territorio bonaerense viven unos 17,5 millones de personas, de las cuales 11 millones habitan en el Gran Buenos Aires. Tal vez el dato más relevante del informe es que uno de cada tres empleos perdidos en el país correspondió a Buenos Aires. “Esta caída se explica por una combinación de factores, como la flexibilización laboral, la baja en los niveles de actividad de los sectores que traccionan el empleo y el crecimiento de la informalidad”, detalla el trabajo. El relevamiento también advierte sobre niveles “alarmantes” de desempleo juvenil: 16,8% entre las mujeres jóvenes y 16,2% entre los varones jóvenes.
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En cuanto a precios, la inflación acumulada en el GBA entre diciembre de 2023 y abril de 2026 alcanzó el 310,2%, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional. El impacto resulta todavía más severo al considerar los servicios públicos. Por ejemplo, el transporte acumuló un incremento del 385%. “Para quienes perciben el salario mínimo, el gasto en transporte pasó de representar el 4,5% del ingreso al 30,7%, evidenciando un fuerte deterioro del poder adquisitivo”, señalaron en el informe. El salario real de los trabajadores registrados del GBA apenas creció un 2,3% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el peor desempeño del país. Según el trabajo, si se aplicara la canasta de consumo actualizada del Indec que Javier Milei se negó a utilizar, en realidad se verificaría una pérdida del 8% del poder adquisitivo, producto del fuerte encarecimiento de los servicios.
Para peor, las cuentas bonaerenses crujen. Además de todos los recursos que la Nación dejó de transferir, los fondos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real en el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. A eso se suma que la caída de la actividad económica también contrajo la recaudación provincial, multiplicando las urgencias financieras. El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof tiene presentados ocho recursos ante la Corte Suprema de Justicia por fondos que la Nación dejó de transferir. Pero no hay respiro: si el Senado aprueba los cambios al régimen tarifario de zonas frías que obtuvieron media sanción en Diputados, 94 municipios bonaerenses perderán subsidios que hoy alcanzan a 1.240.000 hogares.
Por ese motivo, volvió a tomar impulso el debate por la coparticipación federal. Intendentes como Julio Alak y Jorge Ferraresi plantearon la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires salga del régimen. “Va a llegar el día en que los 135 intendentes vamos a ir a golpear la puerta de la Legislatura para decirles que Buenos Aires no da más y que no va a seguir dentro de este esquema de coparticipación federal”, sostuvo el jefe comunal platense.Tanto Alak como Ferraresi figuran en la larga lista de posibles candidatos a gobernador del peronismo. En la misma línea, otro intendente, como Pablo Garate, planteó la necesidad de rediscutir el federalismo y el modo de recaudación y distribución de los impuestos. El ajuste económico y sus consecuencias reabrieron la discusión sobre la distribución de los recursos federales, en una provincia que aporta mucho más de lo que recibe.
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