En un paso más hacia el desguace del organismo, el Gobierno oficializó la apertura del Sistema de Retiro Voluntario en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para el ejercicio 2026. La medida, firmada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, establece un cronograma de urgencia: los trabajadores tienen tiempo apenas hasta el 31 de mayo para decidir si abandonan la institución a la que, en muchos casos, dedicaron décadas de investigación.
El plan está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente que registre una antigüedad mínima de tres años. Según el Anexo I de la normativa, la gratificación extraordinaria por el egreso se calculará a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio.
Uno de los puntos que genera mayor alarma es la "cláusula de exclusión", donde la resolución es taxativa: quienes acepten el retiro no podrán incorporarse ni continuar desempeñándose en ninguna modalidad bajo el Sector Público Nacional por el término de cinco años.
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Esta prohibición abarca desde cargos en autoridades superiores hasta cualquier tipo de vinculación contractual, incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales. Para los críticos del ajuste, esto representa un "cepo" que impide que el conocimiento especializado del INTA sea aprovechado por otras áreas del Estado.
Un desmantelamiento programado
Aunque el Gobierno presenta estos retiros como un "instrumento de gestión" para que los agentes inicien una "nueva etapa profesional", la implementación ocurre bajo un fuerte ajuste presupuestario. En tanto, la norma describe que el cese de la relación de empleo para quienes adhieran está pautado para el 15 de junio de 2026.
El proceso fue diseñado en tiempo récord, ya que las instrucciones para elaborar este programa se dieron en reuniones extraordinarias del Consejo Directivo apenas entre enero y abril de este año. Mientras tanto, la Gerencia de Presupuesto informó que el gasto de estos retiros se atenderá con recursos propios del organismo, en un momento donde el financiamiento para investigación básica se encuentra bajo mínimos históricos.
De esta manera, el INTA —un pilar fundamental para la competitividad del campo argentino— comienza este jueves formalmente una etapa de vaciamiento técnico. Aunque desde el Ejecutivo intentan presentarlo como una "herramienta de desvinculación", la medida es un nuevo paso en el desguace de una institución que, claramente, no tiene un lugar preponderante para el gobierno libertario.
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Una crisis profunda
La apertura de retiros voluntarios no es un hecho aislado, sino el corolario de una serie de maniobras que vienen asfixiando al INTA en los últimos meses:
- Venta de activos: el Gobierno ya concretó la venta del edificio de la calle Cerviño por 18 millones de dólares. Aunque por ley el 70% debía quedar para el INTA, una maniobra administrativa denunciada penalmente desvió la mayor parte de esos fondos al Tesoro Nacional; de los 14.000 millones de pesos que correspondían, el jefe de Gabinete Manuel Adorni admitió que solo se transfirieron 3.100 millones.
- Cierre de dependencias: en febrero de 2026, mediante la Resolución 27, se suprimió la Estación Experimental AMBA, clave para la agricultura urbana y la soberanía alimentaria.
- Ataque a la agricultura familiar: desde el Poder Ejecutivo se calificó a la agricultura familiar como mero "asistencialismo", despreciando la labor técnica de los investigadores que trabajan con pequeños productores.
- Denuncias penales: miembros de la Mesa de Enlace que integran el Consejo Directivo fueron denunciados por productores agropecuarios, quienes los acusan de complicidad en la rifa del patrimonio público del organismo.
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