El proyecto de la nueva Ley General de Sociedades enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no es solo una actualización técnica de la norma de 1972. Detrás de la retórica de "modernización" y "libertad de organización", se esconde un diseño jurídico que parece haber sido moldeado tras las reuniones de Federico Sturzenegger con el magnate tecnológico Peter Thiel, reconocido impulsor de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).
El corazón de la reforma radica en la creación de dos nuevas figuras: las Sociedades Automatizadas y las DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas). Según el artículo 14 del proyecto, una sociedad automatizada es aquella que desarrolla su objeto mediante agentes de Inteligencia Artificial (IA), sin necesidad de trabajadores ni recursos humanos para su operación ordinaria.
Para el abogado Pablo Serdán, esta figura busca deliberadamente "separar las organizaciones, empresas, emprendimientos de sus responsables” y “cortar la cadena causal con la responsabilidad, al dotar de personería jurídica a una inteligencia artificial". Al atribuirle la personería a una IA, el humano que la diseñó o la puso en marcha queda blindado, sugirió el especialista en diálogo con El Destape.
"Los agentes de IA son lo suficientemente humanos para responder (por daños), pero lo suficientemente 'cosa' para que la ganancia se la queden los humanos que están atrás". De esta manera, según el letrado, se crea la figura del "empresario sin riesgo", donde el capitalista retiene el excedente pero la tecnología asume las consecuencias legales.
Opacidad algorítmica y justicia "a la carta"
Uno de los puntos más críticos es la imposibilidad de auditar el funcionamiento de estas empresas. El proyecto permite que los algoritmos y protocolos que rigen a estas sociedades queden protegidos bajo el “secreto industrial”, impidiendo que el Estado supervise si la IA está programada para incumplir normas locales o penales con el fin de maximizar beneficios.
A esto se suma la flexibilidad jurisdiccional: el artículo 141 del proyecto habilita a los socios a pactar que sus relaciones internas se rijan por derecho extranjero o arbitrajes internacionales. Esto permite que estas corporaciones "no humanas" eludan los tribunales locales, lo que podría derivar que los conflictos se resuelvan en ámbitos offshore o mediante contratos inteligentes automatizados en la blockchain.
Argentina como laboratorio de capitales de riesgo
A diferencia de lo que ocurre en los países del G20, donde la regulación de la IA tiende a la supervisión —como el reciente decreto de Donald Trump en EE. UU.—, la gestión Milei busca convertir a la Argentina en un "experimento de sociedades automatizadas". El entramado regulatorio que promueve el Gobierno no solo blinda el capital de estos megamillonarios a la hora de asumir riesgos ante posibles daños materiales o humanos, sino que, vía Super RIGI, les brinda beneficios tributarios para que estas actividades se desarrollen.
El propio Milei, en una columna para el Financial Times, defendió la necesidad de que estas entidades cuenten con “responsabilidad limitada” y un “entorno libre” de regulaciones para atraer inversiones. Sin embargo, los críticos advierten que estas estructuras no están diseñadas para la actividad productiva o la generación de empleo, sino para el movimiento de capitales de riesgo y la especulación financiera.
Incluso sectores cercanos al desarrollo tecnológico, como el empresario Emiliano Kargieman, propuso garantías que el gobierno omitió en su ley, como un "kill-switch" o botón de apagado de emergencia para estas sociedades. Sin controles, sin empleados y con dueños ocultos tras algoritmos, la nueva Ley de Sociedades amenaza con transformar el sistema jurídico argentino en una herramienta de impunidad para la élite tecnológica global.
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