El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una batería de nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación, iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, apunta a determinar si hubo inconsistencias entre el patrimonio declarado por el funcionario y sus ingresos como servidor público.
Entre las diligencias solicitadas, se incluyen pedidos de informes a organismos clave como el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y la Oficina Anticorrupción. El objetivo es verificar la titularidad de bienes, movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.
También se requirió información sobre eventuales participaciones societarias, movimientos migratorios y antecedentes laborales, así como detalles sobre ingresos, viáticos y compensaciones recibidas durante su paso por la función pública.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un supuesto incremento patrimonial “desproporcionado” por parte de Manuel Adorni. Según la presentación, el patrimonio del funcionario habría crecido hasta un 500% en un solo período fiscal, con inconsistencias entre distintas declaraciones juradas. Entre los puntos cuestionados figuran la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior y la incorporación de sumas de dinero cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
La investigación también busca determinar la veracidad de esos mutuos declarados con familiares, incluyendo a su madre y a una mujer de 95 años, cuyos ingresos deberán ser analizados en relación con los montos involucrados. Uno de los ejes centrales del expediente es la posible existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá Golf Club. De acuerdo con la denuncia, se trataría de una vivienda de dos plantas que habría sido construida por el propio funcionario o a instancias suyas, pero que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Para esclarecer este punto, el fiscal solicitó informes a la administración del country y a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Se busca determinar si existen registros de propiedad, permisos de obra, pagos de expensas o cualquier vínculo formal entre Manuel Adorni, su pareja y el lote investigado.
Los otros hechos que se investigan
La causa también incluye otros hechos que podrían ser relevantes para el análisis patrimonial. Entre ellos, viajes al exterior en el marco de funciones oficiales, en los que el funcionario habría estado acompañado por su pareja, y un traslado a Uruguay en un avión privado.
Estos movimientos están siendo evaluados para determinar si implicaron gastos incompatibles con los ingresos declarados o si fueron debidamente justificados en el marco de su función pública. Asimismo, se ordenó relevar ingresos y egresos del país desde 2022, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión la actividad internacional del funcionario y su eventual impacto en el patrimonio.
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