Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Javier Milei dio un giro restrictivo a la histórica política de apertura migratoria argentina. Bajo el argumento de combatir una supuesta campaña antiargentina surgida en el Mundial, la normativa incorpora nuevas causales de expulsión y prohibición de ingreso para extranjeros que difundan “mensajes de odio” o realicen actos de “ultraje a los símbolos patrios”. Si bien el texto oficial asegura que no se busca limitar el disenso ideológico, diversas voces de la oposición y especialistas advierten sobre la peligrosidad de una medida que parece diseñada más para la persecución política y la distracción mediática que para la seguridad nacional.
Para el abogado constitucionalista Félix Lonigro, el decreto incorpora como nueva causal de revocación de residencia y posterior expulsión “manifestaciones de odio respecto de la población argentina o de un argentino en particular”. El letrado consideró que la existencia de una razón de este tipo no es necesariamente cuestionable, pero alertó sobre la dificultad para determinar cuándo una expresión puede ser considerada un acto de odio. “A mí no me parece mal que exista una causal de expulsión como esta, pero el tema es que en algunos casos puede haber claramente una manifestación de odio y en otros casos es discutible”, sostuvo en diálogo con El Destape.
MÁS INFO
Además, cuestionó que la decisión quede en manos de la Dirección Nacional de Migraciones. “No está bien que sea la Dirección Nacional de Migraciones la que resuelva el asunto, tendría que ser la Justicia como era antes”, planteó. Sin embargo, Lonigro ubicó su principal crítica en el mecanismo elegido por el Ejecutivo. “Es un tema legislativo regular en materia de derechos y libertades. Esto correspondía al Congreso y el Presidente debería haber enviado un proyecto de ley”, argumentó.
Para el abogado, el Gobierno no justificó la utilización de un decreto de necesidad y urgencia: “La Constitución establece que tiene que haber circunstancias excepcionales que le impidan al Presidente esperar al Congreso, y no hay acá ninguna circunstancia excepcional”. Por esa razón, Lonigro concluyó que el problema central está en la vía utilizada para modificar la normativa migratoria. “Desde este punto de vista es claramente inconstitucional, pero es indispensable separar los planos: el plano del instrumento y el plano del contenido”, afirmó.
La modificación impacta directamente sobre la Ley de Migraciones N° 25.871, una norma que, según el diputado nacional del peronismo y ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, fue “construida hace muchísimos años por la democracia argentina” y cuyo cambio requeriría un debate profundo en el Congreso que el Ejecutivo decidió evitar. En diálogo con El Destape, Rossi denunció una “enorme discrecionalidad a la hora de interpretar la letra de la ley”, al tiempo que cuestionó la ausencia de precisiones respecto de los criterios que se utilizarán para definir con claridad un discurso de odio.
MÁS INFO
En declaraciones a este portal, Sabina Frederic también fue crítica en relación al DNU migratorio de Milei. “Hay una dificultad enorme de aplicación y una arbitrariedad enorme que abre este decreto”, sostuvo la ex ministra de Seguridad, al señalar que la norma no establece con claridad quién determinará qué constituye un “mensaje de odio” y qué corresponde a una expresión de disenso político, ideológico o ciudadano. En esa línea, Frederic planteó que el decreto deja interrogantes sobre el rol de la Justicia y de las fuerzas de seguridad en la aplicación de las nuevas causales de expulsión.
Además, la ex funcionaria vinculó la medida con la estrategia política del Gobierno y cuestionó el argumento de la supuesta campaña antiargentina. “El Gobierno hace como el tero: está promoviendo una ley que va contra la soberanía nacional y, para que eso no sea visto como una amenaza a la integridad territorial, pone el foco en personas migrantes”, afirmó al hacer referencia a los cambios en la Ley de Tierras que se discuten en el ámbito parlamentario. Frederic también sostuvo que el decreto se inscribe “en una política alineada con la política norteamericana y con la extrema derecha que reina en algunos lugares de Occidente”.
Un "patriotismo de cartón" para ocultar la entrega de soberanía
En la misma sintonía, el diputado de la UCR Pablo Juliano tildó en X la iniciativa de “patriotismo de cartón”, señalando la contradicción de defender símbolos patrios por decreto mientras se “remata” la soberanía territorial. Por su parte, Florencia Carignano, diputada y ex directora de Migraciones, destacó por la misma vía que es paradójico que un gobierno “que hace de los mensajes del odio una política de estado” dicte una norma de este tipo. Incluso advirtió que, de aplicarse criterios similares en el exterior, el propio Milei tendría prohibido el ingreso a países como Brasil, España, México o el Vaticano debido a su historial de declaraciones agresivas.
Desde las agrupaciones sociales, la medida es vista como una maniobra de distracción frente a debates económicos urgentes: Jonathan Thea, dirigente del Movimiento Evita, sostiene que “Milei vuelve a hacer lo mismo: arma un tema para incendiar las redes y esconder el verdadero debate”, resumió en declaraciones a El Destape. Según Thea, mientras la opinión pública se centra en el DNU migratorio, el Gobierno busca avanzar el próximo jueves en una ley que permitiría que “cualquier extranjero pueda comprar tierras en zonas de frontera o donde hay recursos estratégicos prácticamente sin límites ni controles”.
Cerrar sesión