La elevada cantidad de personal en la Legislatura de Catamarca generó una fuerte controversia en la provincia. Con 3.054 empleados, el órgano legislativo se posiciona como el cuarto con mayor cantidad de trabajadores públicos, solo superado por áreas como Educación, Salud y Seguridad. El gobierno de Raúl Jalil se encuentra en el ojo de la tormenta por la eficiencia del gasto público y la falta de una justificación clara sobre la necesidad de un número tan alto de personal.
Con la cantidad de empleados presupuestados para el año próximo entre ambas cámaras (2.095 en Diputados y 959 en el Senado), la Legislatura supera los 2.300 empleados legislativos de Chaco, según el relevamiento realizado por la Red Ruido en 2024, cuando en territorio catamarqueño había 3.103, es decir, 49 más que los que se presupuestan para 2026.
La Legislatura provincial ostenta un tamaño de personal que supera a organismos cuya función es considerada esencial. De acuerdo con el presupuesto proyectado para 2026, la Legislatura solo se encuentra por debajo de los tres pilares sociales y de seguridad del Estado: Ministerio de Educación, con 13.640 cargos; Ministerio de Gobierno (incluye Seguridad), que ostentará 6.371 empleados; y Ministerio de Salud, que contará con 5.579 empleados.
Otro dato que llama la atención es que la provincia tiene un legislador cada 7.536 habitantes. Esto representa una relación de legisladores por habitante 17 veces más alta que la provincia de Buenos Aires, donde hay un legislador cada 126.800 habitantes (138 sobre 17.500.000). Mientras que en Córdoba la proporción es de un legislador cada 54.300 habitantes (70 sobre 3.800.000).
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La Legislatura tiene un 36% más de personal que el Poder Judicial completo. El Presupuesto Legislativo es un reflejo de las prioridades de gestión. Si una parte desproporcionada del gasto público provincial se destina a mantener un gran número de empleados estatales en el ámbito legislativo, se cuestiona la dirección de dichos recursos, que podrían estar disponibles para fortalecer otras áreas sensibles que padecen las consecuencias de la crisis.
Tras las elecciones legislativas nacionales. el gobernador Jalil volvió a mostrar su alineamiento con el gobierno de Javier Milei: participó de una reunión de gobernadores con el Presidente y también se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, donde ratificó su apoyo a la reforma laboral y su acompañamiento al Presupuesto 2026
Legislatura de Catamarca: movilidad y prórroga de sesiones
Está vigente el régimen de movilidad para los agentes públicos de planta permanente y no permanente, que vuelve a incorporarse en la ley de Presupuesto de 2026. Esto permite a los agentes pertenecientes al Poder Ejecutivo, excepto el personal docente, solicitar su movilidad hacia el Poder Judicial; y a los agentes del Poder Legislativo, quienes podrán solicitar su movilidad hacia otras áreas del Estado, con excepción de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), la Caja de Créditos y Prestaciones de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. La ley no establece movilidad de otros poderes hacia la Legislatura.
En el caso de la movilidad hacia la Justicia, los agentes deben presentarse a concurso, prestar consentimiento expreso y contar con la autorización de la autoridad máxima de cada poder, previo informe y visto bueno de los titulares de los organismos de origen y destino. El Poder Judicial y el Ejecutivo, según corresponda, garantizan la remuneración de origen del agente bajo su dependencia presupuestaria, respetando el cómputo de los años de antigüedad de aquel.
La Cámara de Diputados decidió prorrogar el período ordinario de sesiones hasta el 4 de diciembre, con la intención de lograr la sanción de los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, que fueron enviados por el Poder Ejecutivo la semana pasada. De esta manera, el análisis y debate del contenido de estas leyes troncales quedarán en manos de la composición actual de la Legislatura, ya que los nuevos diputados y senadores asumirán después de la fecha mencionada. La prórroga en Diputados se resolvió con un decreto de la Presidencia, para evitar la necesidad de un llamado a extraordinarias por parte del Ejecutivo.
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