EE.UU. y la amenaza militar: un Nuevo Orden en Sudamérica

El jefe del Comando Sur de EEUU, Almirante Alvin Holsey, viajó al país para la Conferencia de Defensa de Sudamérica SOUTHDEC25, que reúne a líderes de defensa y seguridad. Holsey dejó muy claro que la única prioridad que tienen para la región es mantener lejos a China.

21 de agosto, 2025 | 00.05

Mientras amenaza con una intervención militar inédita en territorio sudamericano, el Comando Sur del Pentágono celebró en Buenos Aires una conferencia continental de Defensa en la que su jefe, el comandante Alvin Holsey, dejó muy claro que la única prioridad que tienen para la región es mantener lejos a China. “Su presencia e influencia tiene consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida”, dijo Holsey en su segunda visita a la Argentina en menos de 120 días.

Estados Unidos es un imperio en repliegue que ya no puede imponer condiciones cuando enfrenta a potencias como Rusia o China. La doctrina Trump ante esa novedad indisimulable es suplir las nuevas carencias parasitando a sus propios aliados, que no pueden o no quieren hacer nada para evitarlo. Sucede en Europa (cuando se discuten aranceles o Ucrania) y sucede con Javier Milei. El presidente argentino, arrinconado por denuncias de corrupción y fuertemente cuestionado por sectores del círculo rojo que auspiciaron su llegada al poder, busca en Washington el respaldo que le flaquea en casa y está dispuesto a convertir al país en un protectorado si eso le garantiza mantenerse en el poder. De acuerdo a las declaraciones recientes del futuro embajador Peter Lamelas, en el norte no recibieron esa oferta con desagrado.

El Comando Sur del Pentágono, Alvin Holsey, en una conferencia en Buenos Aires

La historia toma un giro preocupante cuando entra en escena el despliegue del Comando Sur en el mar Caribe, con la amenaza explícita de una intervención militar en Venezuela para forzar un cambio de régimen. El 7 de agosto el gobierno norteamericano elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro, al que acusan de ser el líder del cártel de Los Soles. Un día después el New York Times informó sobre un decreto de Donald Trump que autorizaba al Pentágono a intervenir en territorio extranjero para combatir a los carteles de narcotráfico. Para entonces ya se estaban desplegando frente a la costa venezolana tres buques destructores equipados con misiles guiados. El operativo también involucra a unos 4000 efectivos militares, entre marines e infantes, aviones de espionaje tipo Poseidón, submarinos y otras naves de guerra. 

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico según la opinión de la Administración Trump. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país” y que el mandatario “está preparado para usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas y llevar a los responsables ante la justicia”. Un funcionario que habló en off the record con la agencia Reuters dijo que el proceso puede durar varios meses y que el despliegue militar no sólo va a utilizarse para desplegar operaciones de inteligencia y vigilancia sino que también puede ser una plataforma para ataques selectivos en territorio sudamericano. Si eso sucede, el continente ingresará en una nueva etapa, seguramente trágica.

La amenaza, lejos de agotarse en Caracas, en realidad es extensiva a cualquier forma de resistencia política, legal o ilegal, contra los planes de Trump para la región. En otra escala, el recurso de equiparar a la disidencia con el delito, para perseguir a opositores como si fueran criminales, es el mismo que instala el gobierno argentino cada vez que el presidente o sus funcionarios acusan de golpismo a las manifestaciones pacíficas en su contra o incluso a las sesiones parlamentarias que no terminan como ellos quieren. Es la misma lógica sobre la que se construyó la ley anti mafias aprobada por iniciativa de Patricia Bullrich y las modificaciones por decreto de las normas que rigen la actividad de la Policía y otras fuerzas de seguridad. Milei es una pieza clave en los planes de Estados Unidos para la región. Corresponde preguntarse, más que nunca, hasta dónde están dispuestos a llegar.