La Justicia laboral hizo lugar a la presentación del amparo de la CGT para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei buscó cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución nacional. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), al confirmar esta resolución, subrayó que el DNU excedía las facultades del Poder Ejecutivo y viola el "principio de libertad sindical".
De esta manera, la CNAT, a través de las firmas de los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, confirmó el fallo de primera instancia que suspende los artículos 2 y 3 del polémico DNU, dictado por la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3. La magistrada Fullana había suspendido temporalmente los artículos cuestionados, argumentando que restringían derechos fundamentales garantizados por la Constitución y tratados internacionales.
La jueza había hecho lugar a la medida cautelar pedida por el gremio, que consideró que el decreto establecido por Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución”. Tras conocerse la medida, la CGT celebró la decisión de la Justicia: "Este logro de todo el movimiento obrero organizado está inscripto en la correcta estrategia judicial que viene desarrollando la CGT con el objetivo de no permitir el avance del Ejecutivo sobre los derechos conquistados", comunicaron desde la entidad laboral.
Ahora, el fallo que ratificó la cautelar sostiene que la norma dispuesta por el Ejecutivo vulnera “en forma ostensible y manifiesta lo prescripto por el art. 99 inciso 3), de la Constitución Nacional, viola el principio básico de división de poderes y establece con modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en materia de huelga y medidas legítimas de acción sindical".
El DNU 340/25 referido a la actividad de la marina mercante enmascaró una reforma sin precedentes en la historia argentina: declaró esa actividad como servicio esencial y a continuación sumó a esa consideración una variedad casi ilimitada de rubros que, de manera directa o indirecta, quedarían alcanzados por la normativa en su interpretación más amplia. De esta manera, habían quedado restringidas casi por completo las chances de paro en transporte (pasajeros y cargas), educación, salud y servicios públicos, producción industrial, bancos y medios de comunicación, entre otros ítems.
“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”, aducía el decreto.
Sin embargo, el nuevo revés judicial le puso un freno a un Gobierno que busca limitar un derecho de manera inconstitucional: el fallo refuerza la protección de los derechos sindicales y pone en cuestión la estrategia del Ejecutivo de avanzar con reformas laborales mediante decretos. Un proceso similar ocurrió en las primeras semana de la gestión de Milei, cuando intentó avanzar sobre el derecho a huelga con el DNU 70/2023, aún vigente y a través del cual argumentó poder utilizar las facultades delegadas para volver a arremeter sobre el derecho a huelga.
Sindicatos repudiaron a Milei en la OIT: "Expulsa mano de obra"
Diferentes gremios de la Argentina expusieron contra las políticas económicas y laborales del presidente Milei en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización del Trabajo (OIT) en Suiza. Alertaron por la pérdida de puestos de trabajo, las paritarias pisadas por debajo de la inflación y la prohibición del derecho a huelga.
Uno de los oradores fue el titular de la UOCRA y actual Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Gerardo Martínez, quien cuestionó a la gestión libertaria porque "el consenso de la sociedad" para bajar la inflación "debe ser resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio ce trabajadores, clase media y sectores más golpeados". "Los jubilados son víctimas de una oble violencia. Por no tener ingresos dignos y cuando se movilizan para defender sus derechos", agregó.
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El secretario general de UPCN (estatales), Andrés Rodríguez, sostuvo que el mundo supo que en la Argentina hay "un gran cepo a los salarios". En diálogo con El Destape además el dirigente sindical explicó que "se dijo que se estaba abandonando la educación y la salud. Se criticó mucho la represión a los jubilados y sus bajos ingresos. Se generó también una crítica a lo que significa la expulsión de mano de obra en muchas actividades, y fundamentalmente en el Estado Nacional, diciendo claramente que sin Estado no hay Nación".
A su turno, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que “el Presidente de la Nación gobierna al margen de la ley y en contra de la Constitución, arrasando de manera salvaje con los derechos de los trabajadores alcanzados durante más de un siglo. Las mentiras organizadas, las descalificaciones, las amenazas, la represión, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y la política de desprestigio de las organizaciones gremiales son el vehículo preferido del gobierno para dar el debate de estas reformas”.
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