El gobierno sigue sin responder por qué tiene custodia Adorni ni para qué la usa

“Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene”. En una de sus primeras intervenciones, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó con estas palabras que Manuel Adorni y su grupo familiar siguen contando con móviles, choferes y custodias financiados por el Estado nacional. El Destape, mediante un pedido de acceso a la información pública, solicitó precisiones sobre desde cuándo, por qué y bajo qué actos administrativos Adorni goza de este privilegio. La respuesta: ninguna. O sí, pero la clásica respuesta evasiva: el Ministerio de Seguridad se amparó en un supuesto riesgo hacia la seguridad personal de Adorni para no responder nada.

El 4 de mayo, este medio elevó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Seguridad. La respuesta llegó recién el 24 de junio: no iban a proporcionar ningún dato.

Para evitar responder, Seguridad se amparó en el “Protocolo de organización de los recursos humanos y materiales afectados a los tres niveles de protección de estado y custodia". Según el Ministerio, que generaliza e iguala el plano operativo con el administrativo, “la divulgación de los datos requeridos califica como información sensible y, en tanto revela detalles de planeamiento estratégico y de capacidades empeñadas, dicha información permitiría detectar eventuales vulnerabilidades y rutinas de la custodia”. Así, para la cartera, conocer detalles que hacen al plano estrictamente burocrático podría facilitar “a terceros modelar patrones de conducta u operativos, incrementando de manera exponencial el factor de riesgo sobre el funcionario custodiado y el propio personal de seguridad asignado”.

Evasivas que nada tienen que ver con las consultas realizadas por El Destape, que apuntaban centralmente a saber si la asignación estaba justificada en amenazas denunciadas ante la Justicia, y si habían seguido el trámite administrativo requierido por las leyes y reglamentaciones vigentes. Por ejemplo, estas preguntas:

• “Confirme si el Ministerio de Seguridad asignó custodia al señor Adorni y su grupo familiar en diciembre de 2023. Si fue posterior a esta fecha, informe cuándo se realizó esta asignación”. Según el propio exjefe de Gabinete en su última conferencia de prensa en mayo, “apenas asumimos, a los dos o tres días, mi familia y yo no sólo que recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública” que derivó en la protección oficial. La Resolución 757/18 del Ministerio de Seguridad establece que le corresponde custodia al Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministro y Secretario de Seguridad, pero no a un subsecretario, rango que Manuel tenía por aquellas fechas. Si hubo algún hecho que justificara la custodia por fuera de lo establecido, no fue respondido.
• “¿Qué amenazas a la integridad física del señor Manuel Adorni y su grupo familiar existían? ¿Se realizó la correspondiente denuncia penal? De ser así, informe fecha de la/las denuncias, juzgado asignado y número de causa”. La supuesta agresión que dio origen al pedido de custodia fue informada por Adorni. Si se trató de un ataque tan grave como para justificar la custodia de un funcionario por debajo de los establecidos por la Resolución 757/18 del Ministerio de Seguridad, debería haberse realizado la correspondiente denuncia penal. ¿Cuál sería el riesgo para Adorni de conocer la fecha de la/las denuncias, juzgado asignado y número de causa? ¿O es que no existió ni agresión ni mucho menos denuncia?
• “Informe si existe expediente por el cual se le asigna la custodia al señor Adorni y su grupo familiar cuando se desempeñaba como vocero presidencial y como secretario de Comunicación, y en tal caso informe fecha y número de expediente, fecha de inicio del trámite para asignar la custodia, y acto administrativo por el cual se otorga la custodia y fecha del mismo”. Una consulta meramente administrativa que no realiza ningún requerimiento específico sobre la cuestión operativa.
• “Informe el procedimiento normal y habitual para solicitar y asignar este tipo de custodias, y las áreas que deben intervenir”. Otra pregunta inocua no respondida. Las negativas refuerzan la idea de que hubo, de mínima, incumplimientos administrativos. De máxima, la asignación de un privilegio que no le correspondía a Adorni.

Una importante fuente con conocimiento de la operación que derivó en la oficialización de la custodia confirmó a El Destape que no existió expediente administrativo en el Ministerio de Seguridad porque la protección del Manuel Adorni vocero se trató de una cuestión “de rutina” operativizada por la Policía Federal bajo coordinación de Presidencia.

Otra fuente con pasado en el Ministerio de Seguridad coincidió en que “el jefe de la custodia presidencial hace lo que quiere porque depende de Presidencia, se pasa por el orto al Ministerio”, así que “tranquilamente pudieron ponerle custodia a Adorni y a la mujer sin iniciar ningún expediente”.

La diputada nacional Marcela Pagano, que presentó dos denuncias penales por el manejo de la custodia de Adorni, coincide en que se trató de “custodia presidencial que administra Casa Militar” y que, según la información que maneja, “Karina Milei dio esa orden” pese a que “ningún Secretario puede tener custodia. Sólo el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete y Ministro de Seguridad. Tampoco Karina debería tener la custodia que tiene”, afirmó a El Destape.

El primero en denunciar públicamente el uso de la custodia oficial por parte de Adorni y su familia fue Rodolfo Tailhade, quien en el recinto de Diputados aseguró que los efectivos eran usados para “llevar a los hijos a la escuela”, “hacer las compras” y hasta llevar a la esposa de Adorni y sus amigas a bares nocturnos. Consultado por este medio, el legislador sostuvo que “todo indica que la custodia es de Presidencia o de Casa Militar” y que el oscurantismo del Ministerio busca ocultar “a Karina digitando, como se le canta las pelotas, el manejo del personal de la custodia presidencial y de Casa Militar, que tiene un reglamento muy muy estricto”.

Pagano presentó dos denuncias, una dirigida a Monteoliva y las autoridades de Gendarmería Nacional por apostar una custodia en la puerta del country Indio Cuá alegando “posibles hechos de alteración al orden público”, excusa que definió como una “pantalla mediante la cual se encubre lo que en verdad sería una custodia personal y domiciliaria prestada por Gendarmería Nacional en beneficio de un particular”. La otra, directamente contra Adorni por conservar privilegios aún fuera del Estado.

A más de dos años y medio de gozar de esta prerrogativa, para la diputada “no hay al día de hoy denuncia penal alguna por la que algún juez o fiscal haya ordenado que Adorni debía estar custodiado”. Una mirada que comparte Tailhade, quien entendió que el Ministerio de Seguridad oculta información “porque no existió” ninguna denuncia penal “y el expediente administrativo seguramente nunca existió”.