El Gobierno teme que el próximo índice de desempleo pueda situarse en dos dígitos por primera vez desde la pandemia de Covid, en 2020. El posible salto estadístico entre el último dato disponible, de 7,8% correspondiente al primer trimestre de este año, y los que se conocerán en septiembre y diciembre próximo, amenaza con profundizar una tendencia de deterioro en el mercado laboral. De ahí que en algunos sectores del Ejecutivo comenzaran a barajar la alternativa de atribuir el movimiento a la supresión del programa Volver al Trabajo (VAT) que asignaba un monto de 78 mil pesos mensuales a más de 900 mil beneficiarios.
El Destape recogió la preocupación en despachos del Ministerio de Capital Humano. Allí estiman que, en caso de declararse como desocupados el grueso de exbeneficiarios del programa en la próxima Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el índice podría subir 3,7 puntos porcentuales extra, de modo de consolidar un desempleo incluso superior al 11 por ciento entre la población económicamente activa (PEA). Esa tesis contrasta con los vaticinios de la mayor parte de las consultoras privadas, que dan cuenta de un proceso creciente de destrucción neta de puestos de trabajo.
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En julio, el Gobierno desactivó finalmente el VAT una vez que la Justicia de San Martín revocó una cautelar que lo mantenía vigente y desde agosto quedará discontinuado el pago. Aunque los 78 mil pesos que asignaba el plan se mantenían sin cambios desde la asunción de Javier Milei, a pesar de una inflación acumulada superior al 300 por ciento, se calcula que una proporción alta de los ex perceptores declaraba una ocupación, al menos como argumento para continuar bajo ese paraguas asistencial. Con esa respuesta la EPH debía considerarlo ocupado.
La medición de septiembre se hará sobre la base del segundo trimestre de este año, por lo que el impacto de la caída del VAT será marginal. Pero en diciembre, cuando se darán a conocer los índices del tercer trimestre del año, los efectos del cese asistencial podrán hacerse más ostensibles. La suerte de casi un millón de personas en el mercado laboral debería ser significativa si se tiene en cuenta que el total de la PEA no llega a 15 millones de personas.
No obstante, los especialistas en estadística tienen reservas sobre la verdadera incidencia del fin del VAT sobre el índice general. Destacan que, según su diseño, el programa que administraba la Secretaría de Trabajo habilitaba mantener el subsidio incluso si el beneficiario conseguía un empleo con un ingreso menor a tres salarios mínimos. En Capital Humano no cuentan con un desglose fino de cuántos perceptores registraban efectivamente un empleo remunerado, pero la licuación del monto en los últimos tres años permite suponer que era un número significativo, se tratara de trabajos registrados o no.
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Más allá de las explicaciones que buscará el Gobierno, una eventual nueva suba del desempleo será apenas la cristalización de una serie de procesos acumulados, sobre todo desde el año pasado, en el mercado laboral: destrucción neta de empresas (desaparecieron unas 25 mil pyme en la era Milei) y de puestos de trabajo formales (más de 300 mil) que no llegan a ser compensados por nuevos empleos, en su mayoría de menor calificación, peores salarios y condiciones más precarias. En paralelo, creció el empleo no registrado a pesar de que la prédica oficial exigió la aprobación de nuevas normas (ley Bases, reforma laboral) para supuestamente apuntalar la creación de puestos formales.
Además, mientras cae la mayoría de las actividades que son más dinámicas en la creación de empleo como el comercio, la industria y la obra pública (al igual que el trabajo en el Estado), el crecimiento de unas pocas coincide con poco aporte de asalariados, como sucede con el petróleo, la minería y la intermediación financiera, las grandes beneficiarias del modelo libertario.
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