Ante la grave situación que atraviesan miles de obreros de la construcción en la zona norte de Santa Cruz, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, manifestó su respaldo al reclamo de la la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y pidió al gobernador Claudio Vidal que abandone la discusión centrada en el endeudamiento para avanzar en medidas concretas que recuperen el empleo. “Los trabajadores no están pidiendo favores ni subsidios, están reclamando trabajo", lanzó Grasso.
Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".
Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.
El jefe comunal de la capital remarcó que la crisis de la construcción impacta de manera directa sobre el comercio, los servicios y la economía regional, por lo que consideró imprescindible una acción inmediata del Ejecutivo provincial. “Le pedimos al gobernador que armemos una mesa de trabajo por la gente que la está pasando mal. Tiene que dejar la extorsión permanente por del endeudamiento en dólares y empezar a utilizar las herramientas que ya tiene a disposición para dar respuestas a los santacruceños”, afirmó Grasso.
MÁS INFO
En ese marco, volvió a insistir con la propuesta presentada por su espacio para que el Gobierno Provincial utilice los recursos del fideicomiso UNIRSE y los distribuya de manera equitativa entre los municipios, permitiendo financiar obra pública, sostener la actividad económica y hacer frente a discusiones salariales de aquellas localidades que no cuentan con los fondos necesarios.
“Desde Río Gallegos demostramos que, aun en un contexto adverso, es posible sostener la obra pública municipal, generar actividad económica y otorgar aumentos salariales. Creemos que ese debe ser el camino: administrar con responsabilidad, defender los recursos de Santa Cruz y priorizar siempre el empleo”, cargó el intendente de Río Gallegos.
Alarma en la provincia del gobernador petrolero: denuncian que "hay más de 6.000 empleados en la casa"
El referente de desocupados de Santa Cruz, Roberto Bucarey, denunció un "apriete sindical importantísimo" amparado por la gestión del gobernador Claudio Vidal y advirtió que, mientras empresas vinculadas al poder político y sindical fueron favorecidas con contratos, "hay 6.000 trabajadores petroleros que se encuentran en la casa".
El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) mantiene una lucha activa: los trabajadores realizaron diferentes paros en reclamo de la apertura de paritarias, al considerar que el esfuerzo debe reflejarse en una recomposición salarial. “Queremos discutir paritaria para nuestros trabajadores. No se la vamos a regalar. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros”, sostuvieron las autoridades hace algunas semanas.
El trasfondo de este conflicto se vuelve aún más complejo al analizar la figura del propio Vidal, cuya legitimidad política se construyó, paradójicamente, desde las bases del sector que hoy lo cuestiona. El actual mandatario ingresó a la actividad petrolera a los 18 años y rápidamente comenzó a participar en la vida gremial. Su ascenso dentro del sindicato más importante de Santa Cruz fue fugaz: en 2013, con apenas 33 años, se convirtió en el secretario general más joven en la historia de la institución. Este pasado como líder sindical del sector hidrocarburífero vuelve todavía más sensible la actual crisis y las denuncias que lo señalan por propiciar un escenario de desocupación masiva y persecución en su propia actividad de origen.
En declaraciones a Radio Realpolitik, el representante de los empleados describió los métodos de presión que presuntamente ejercen la conducción gremial y las autoridades provinciales contra los trabajadores y empresarios que no se alinean con sus intereses. "Hoy en la provincia de Santa Cruz, el sindicato del petrolero vienen a ser los maras", lanzó Bucarey, comparando el accionar sindical con las organizaciones criminales debido a las represalias que sufren quienes intentan rebelarse o denunciar irregularidades.
Uno de los puntos más agudos de la denuncia de Bucarey apunta a la triangulación de contratos en beneficio de sectores empresariales específicos. Según el dirigente, una nueva firma vinculada a un empresario absorbió gran parte de las tareas operativas que antes realizaban compañías locales con décadas de arraigo en la región. En este proceso, empresas históricas habrían sido desplazadas de la actividad mediante estrategias de hostigamiento.
Cerrar sesión