No solo los sectores opositores cuestionan la gestión de Claudio Vidal, sino que ahora también lo hacen intendentes que formaron parte de su construcción política. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió junto a otros jefes comunales y presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos UNIRSE se redistribuyan entre las localidades, de acuerdo a los coeficientes de coparticipación vigentes.
Los intendentes señalaron que, mientras "enfrentan el deterioro social en sus localidades", esta iniciativa sirve para "marcarle límites a un gobierno alineado con Javier Milei y cada vez más identificado con el ajuste, el achique del Estado y la paralización económica".
UNIRSE es un fondo fiduciario destinado a financiar programas y proyectos en áreas como la inversión social, salud, obras, y desarrollo sostenible. En los fundamentos del proyecto, los mandatarios comunales describen un escenario devastador. Entre marzo de 2024 y marzo de 2026 la coparticipación municipal cayó un 15,2% en términos reales. Mientras tanto, crecieron los costos operativos, se dispararon los reclamos salariales y se desplomó la actividad económica.
Además de Grasso, el proyecto fue impulsado por los jefes comunales de Las Heras, Antonio Carambia; de El Calafate, Javier Belloni; de Pico Truncado, Pablo Anabalón; de Río Turbio, Darío Menna; de Los Antiguos, Zulma Neira; de Puerto Deseado, Raúl Martínez; de Río Gallegos, Pablo Grasso; de 28 de Noviembre, Aldo Aravena y de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral.
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Según detalló El Diario Nuevo Día, la iniciativa se dio a conocer un día después de la conferencia en la que el Gobierno de Santa Cruz salió a defender públicamente el proyecto de financiamiento estratégico enviado a la Legislatura, una herramienta con la que la provincia pretende conseguir fondos para ejecutar obras de infraestructura consideradas estratégicas y mejorar el perfil financiero en un contexto de caída de recursos y déficit creciente.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Grasso señaló que “mientras el Gobierno Nacional paraliza la obra pública, elimina fondos y golpea el empleo y el consumo, somos los municipios quienes seguimos sosteniendo servicios, asistencia social y el funcionamiento diario de nuestras comunidades”.
“Defendemos una distribución más justa de los recursos para garantizar salarios, servicios esenciales y respuestas concretas para nuestros vecinos”, dijo el intendente de Río Gallegos en sus redes.
El gobierno de Santa Cruz analiza tomar deuda y emitir bonos
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".
Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.
En ese contexto, el funcionario insistió en que el territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos.
AMET Santa Cruz solicitó al Gobierno Provincial que implemente de manera urgente medidas para garantizar una recomposición salarial real. Sobre la posibilidad de tomar deuda pública para afrontar incrementos de sueldos, Verbes reconoció que esa posibilidad está siendo evaluada, aunque aclaró que no puede utilizarse de manera directa para el pago de haberes.
De esta manera, explicó que ese tipo de endeudamiento está orientado principalmente a infraestructura y gastos de capital. Según detalló, la estrategia sería financiar obras públicas mediante deuda para liberar recursos genuinos del Tesoro provincial y destinarlos indirectamente a otras áreas, entre ellas la política salarial.
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