Tal como anticipó la semana pasada, el Gobierno Nacional oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representa una amenaza para la seguridad nacional.
La medida fue adoptada por los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, y formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 3/2026. De esta forma se oficializa luego de la expulsión del Encargado de Negocios de la Embajada de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, declarado persona non grata por parte del Gobierno.
La decisión se basa en informes reservados elaborados por ambas carteras, que concluyen que la Guardia Revolucionaria Islámica representa un "riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación". Según esos análisis, existen evidencias sobre la participación directa del grupo en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas, en referencia a los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994.
La resolución encuadra la medida dentro de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, tanto a nivel global como regional. En ese sentido, se mencionan acuerdos y convenciones que obligan al país a fortalecer los mecanismos de prevención, cooperación e intercambio de información.
El Gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
El martes pasado, el Gobierno Nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que señaló que la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la década de 1990 en la Argentina.
Según se indicó, el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, causando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.
De acuerdo al comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah.
Horas más tarde, la cancillería de Irán lanzó un fuerte comunicado en repudio y lo calificó como un "insulto imperdonable". Además de afirmar que la decisión "daña seriamente" las relaciones entre ambos países, las autoridades iraníes plantearon que Argentina lleva adelante un "enfoque equivocado" de acompañamiento a Estados Unidos e Israel.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino de formular acusaciones inapropiadas contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", dice el comunicado del gobierno de Irán.
Qué es el registro de organizaciones terroristas
El RePET, creado en 2012, funciona como una base de datos destinada a centralizar información sobre personas y entidades vinculadas a actividades terroristas, con el objetivo de facilitar la cooperación entre organismos nacionales e internacionales y mejorar la capacidad de respuesta frente a estas amenazas.
La normativa establece que la inscripción en este registro puede realizarse cuando existan motivos fundados para sospechar que una organización está vinculada a una amenaza externa, considerando información proveniente de mecanismos de cooperación internacional, entre otras fuentes.
Con esta resolución, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Justicia a concretar la inscripción de la organización en el registro, lo que permitirá activar mecanismos de seguimiento, intercambio de información y eventuales medidas preventivas en el marco de la legislación vigente.
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