La organización H.I.J.O.S Capital denunció en las últimas horas que el Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Patricia Bullrich, pidió autorización a distintos tribunales federales para trasladar a 19 genocidas detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención con condiciones de privilegio. Según la organización, los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo.
En este marco, puntualizaron que el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, solicitó autorización, entre otros, al Tribunal Oral Federal N° 2 para trasladar a los genocidas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, ellos son: Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Gerardo Jorge Arráez y Miguel Angel Britos. Mientras que al TOF 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA, Alfredo Ignacio Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro.
Según el comunicado, los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo. “Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común”, apuntaron.
En este sentido, rechazaron “categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia. Mientras, ellos siguen sin romper los pactos de silencio para decirnos dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados y dónde están los cuerpos de los miles desaparecidos”.
Denuncia al gobierno de Javier Milei
Según H.I.J.O.S esta medida forma parte del “plan de impunidad de La Libertad Avanza, que tuvo un fuerte repudio social y no pudo avanzar ni en la clausura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ni en la libertad o domiciliarias automáticas de los genocidas”. Denunciaron que “ahora el argumento del Servicio Penitenciario Federal para pedir el traslado es ‘liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas’, consideramos que los genocidas deben estar en cárcel común”.
“Esto nos lleva a decir, una vez más, que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas que en Ezeiza, por ejemplo, se encuentran en pabellones que registran una ocupación del 50%”, apuntaron.
“Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo”, cerraron.
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