Qué dice el PRO sobre el DNU de la ley de Inteligencia: "Responsabilidad"

La CTA de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) advirtieron que el decreto de Javier Milei a la ley de Inteligencia es parte de una "arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social".

"Constituye un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales: transforma a la SIDE en una policía secreta con poder de detener arbitrariamente, declara todas sus actividades como 'encubiertas' para operar en la opacidad total y centraliza el acceso a los datos personales de toda la ciudadanía", indicaron las centrales en un comunicado conjunto.

En el texto, que fue firmado por ambos secretarios generales Hugo 'Cachorro' Godoy y Hugo Yasky, tildaron la iniciativa como "un golpe a la democracia, a la Constitución y a las garantías republicanas".

"Exigimos el rechazo inmediato de este DNU de nulidad absoluta. Cualquier reforma al sistema de inteligencia debe tratarse en el Parlamento, con transparencia y control ciudadano", plantearon.

Mientras parte de la oposición pide eliminar del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que reforma la ley de Inteligencia, el PRO anunció que se encuentra "analizando" el texto que le da mayor poder a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según comentaron desde la bancada amarilla en Diputados, conformaron "un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025"

"Nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva", explicaron voces de la bancada del PRO.

Sin embargo, el bloque que preside Cristian Ritondo pidió "conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de los cambios que quiere impulsar el Ejecutivo.

El Ejecutivo nacional prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que le permite tomar decisiones rápidas en el área de salud sin pasar por el Congreso. En tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de ser un organismo autónomo y pasó a depender del Ministerio de Salud a través de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Para justificar los cambios, el decreto 942/2025 menciona irregularidades en la gestión de ANDIS y riesgos para la continuidad de prestaciones médicas y pensiones, pero no se publica el “Informe final de intervención”, documento con el que el Gobierno sustenta estas afirmaciones. Personal, presupuesto y bienes se transfieren a Salud, que actuará como continuador legal de la agencia.

Además, el Ministerio de Salud amplía sus funciones en materia de precursores químicos y consumo problemático de drogas. La cartera sanitaria coordinará con el Ministerio de Seguridad acciones de prevención, control y fiscalización aportando evidencia técnica, sanitaria y epidemiológica.

El gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por un plazo de 365 días, a partir del 5 de enero de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027. Fue a través del decreto 938/2025, que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial.

La medida también extiende en el cargo de interventor a Juan Martín Ozores, quien continuará al frente del organismo con rango y jerarquía de secretario, y con las facultades y competencias previstas en las leyes 26.522 y 27.078, incluidas aquellas que corresponden al Directorio del ente.

En los considerandos, el decreto señala que la decisión apunta a completar el proceso de evaluación, reorganización y adecuación del ENACOM a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo, así como a consolidar los avances en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la implementación de nuevos circuitos procedimentales y regulatorios.