El Gobierno oficializó la inclusión del proyecto de Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias que se desarrollarán en el Congreso de la Nación entre el 2 y el 27 de febrero. La iniciativa prevé actualizar la reglamentación actual para disminuir la edad de imputabilidad a 13 años. Con estos cambios, el Ejecutivo busca reemplazar la Ley de Minoridad y establecer un sistema penal para adolescentes.
A través del decreto 53/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la administración libertaria hizo efectiva una medida que había sido adelantada este lunes por el propio ministro coordinador en sus redes sociales. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, publicó Adorni.
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El proyecto que baja la edad de imputabilidad
La Ley Penal Juvenil, que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, fue elaborada en el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, junto al secretario de Justicia Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El eje más sensible del debate es la edad de imputabilidad: el Gobierno impulsa que se fije en 13 años, pero el acuerdo alcanzado en las comisiones parlamentarias llevó ese límite a los 14. Desde el oficialismo reconocen que, más allá de la postura inicial, la discusión seguirá abierta para buscar consensos con aliados y sectores de la oposición.
El objetivo del Gobierno es enfrentar lo que define como delincuencia juvenil y dar a los jueces “herramientas” para que adolescentes responsables de hechos graves tengan consecuencias legales. Esa baja de edad fue uno de los ejes centrales del debate y también motivo de críticas de la oposición y diversos organismos por su impacto social y jurídico.
La propuesta se enmarca dentro de una reforma mayor al Código Penal, que incorpora penas más duras en general: imprescriptibilidad de ciertos delitos e integración total de leyes "Antimafias" y "Antibarras" al cuerpo central del Código. Además, las modificaciones incluyen la tipificación de ilícitos graves y que revistan actualidad, como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos con inteligencia artificial, corrupción estructural, violencia organizada, pornovenganza, secuestro virtual, crueldad animal, delitos ambientales, estafas piramidales y ataques a la seguridad vial.
Los defensores de la iniciativa sostienen que la modificación apunta a actualizar un régimen que consideran desfasado frente a la realidad actual y a dotar al Estado de instrumentos más eficaces para intervenir ante delitos graves cometidos por adolescentes. Plantean que el sistema vigente deja sin respuesta judicial a hechos de extrema violencia, limita la actuación de jueces y fiscales y termina generando una sensación de impunidad.
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