Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron nuevas declaraciones en la causa que investiga sobreprecios, cartelización y desvío de fondos destinados a personas con discapacidad. Entre los pedidos se encuentra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, el funcionario que involucró a Karina Milei en el pedido de supuestas coimas, y otras 28 personas.
La decisión de los fiscales se dio luego de detectar nuevas presuntas maniobras de corrupción desplegadas en el organismo "de manera articulada entre funcionarios y empresarios proveedores de insumos de alto costo". Según la Fiscalía, estas maniobras implicaron un monto total de $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial.
Además de Spagnuolo, entre los citados a dar declaración indagatoria también están el ex director del programa Incluir Salud Daniel Garbellini, el exconcejal de Cambiemos Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios involucrados en la causa. "El caso expone una enorme trama de corrupción que, en la actualidad, cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 personas sobre las cuales la Fiscalía, en esta oportunidad, solicita su llamado a indagatoria", indicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.
Según la Fiscalía, funcionarios públicos de Andis direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo, conocidos como PACBI, con el objetivo de favorecer a amigos y allegados en la adjudicación de sumas millonarias, a cambio de retornos y distintos tipos de dádivas. "Los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo", se indicó.
Qué detectaron los fiscales
Para los fiscales, existió un servicio ilícito para llevar adelante "la autorización para comercializar con Andis; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial; y la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales".
En detalle, el Ministerio Público fiscal ejemplificó con la contratación de personal, la realización de "compulsas de precios" y en la determinación de qué empresas serían beneficiadas con tales procedimientos.
"La investigación que lleva siete meses, ha dejado en descubierto que la Andis funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal", se planteó.
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