En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, desde el Sindicato de Trabajadores Caninos plantearon que la discusión actual no contempla la realidad de millones de personas que hoy trabajan en la informalidad.
Su secretario general, Matías Tomsich, sostuvo que el proyecto “viene a quitarle derechos al sector de trabajadores que todavía los conserva". Con ese tono, agregó: "No soluciona ninguno de los problemas del 50% de los trabajadores que somos informales”.
Según explicó, buena parte de las actividades laborales que crecieron en las últimas décadas —como el paseo de perros, la peluquería canina o el adiestramiento— no encajan en la normativa laboral vigente, diseñada para un mercado de trabajo propio de otras épocas. “Somos trabajadores del siglo XXI que no entramos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo tal como está planteada hoy”, señaló.
Para el dirigente, el desafío pasa por crear regímenes especiales que reconozcan las particularidades de estas tareas. En el caso del sector canino, remarcó que se trata de un mercado en expansión, vinculado a cambios culturales en la relación de las familias con los animales de compañía. “Hoy las familias son multiespecies: perros y gatos pasaron a ser parte de la familia y eso genera una demanda creciente de servicios”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones del sindicato, alrededor de 100.000 personas trabajan en actividades relacionadas con el cuidado de animales. La mayoría lo hace sin obra social, aportes jubilatorios, ART, vacaciones ni paritarias. “La informalidad golpea primero a los laburantes, pero también a los tutores, que no siempre saben a quién contratan, y al Estado, que deja de recaudar”, indicó.
Al respecto, un estudio realizado junto a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo calculó que, si estos trabajadores fueran incorporados a un régimen formal específico, el Estado podría recaudar unos 8.000 millones de pesos anuales solo en aportes.
Respecto del contexto general y la reforma, Tomsich advirtió que facilitar y abaratar los despidos podría derivar en más informalidad. En ese escenario, consideró probable que más personas se vuelquen a actividades por cuenta propia —entre ellas el paseo de perros—, aunque sin un marco de protección laboral.
“No queremos dejar este trabajo para ir a una fábrica o a una oficina. Queremos trabajar de lo que elegimos, de lo que nos formamos y nos gusta, pero con derechos”, concluyó.
En ese sentido, el gremio presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un régimen especial de trabajadores caninos, con respaldo de legisladores de tracción sindical. Sin embargo, la iniciativa perdió recientemente estado parlamentario, situación que postergó una posible vía de formalización.
Como antecedente de incidencia concreta, desde el sector destacan su participación en la ley que habilitó la presencia de perros en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy vigente. En este marco general, y para paliar la informalidad estructural del sector, el sindicato ofrece diversos servicios a sus afiliados. Entre ellos se incluyen seguros de accidentes personales, cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, descuentos en cobertura médica, capacitaciones y cursos de formación, además de una bolsa de trabajo para vincular a prestadores con potenciales clientes.
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