Esta semana se desarrollarán las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para discutir la Ley de Glaciares, en un clima de fuerte tensión por la metodología de participación. Con más de cien mil inscriptos, el Congreso recibirá de forma presencial solo a una pequeña fracción, mientras que el resto intervendrá de manera virtual, mediante videos pregrabados o presentaciones escritas. La oposición ya prepara una impugnación al proceso por considerarlo arbitrario y falto de transparencia.
La controversia escaló luego de que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, celebrara el fallo del juez Enrique Regueira, quien rechazó una cautelar que buscaba garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos. El diputado libertario se amparó en esta decisión para sostener que el debate cumple con el Acuerdo de Escazú, destacando el acceso a la información y el carácter federal de la convocatoria. Sin embargo, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, cruzó duramente a Mayoraz en redes sociales. Con ironía, cuestionó que el legislador santafesino se muestre "exultante" con un fallo porteño que, según sostuvo, legitima el silenciamiento de miles de argentinos.
De este modo, la oposición apuesta por impugnar la metodología de las audiencias públicas con una nota dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, al considerar que la selección de participantes no fue transparente, que se redujo la participación y que no cumplió con el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado en 2018 y aprobado por ley en Argentina en 2020, y que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Según manifestó Selva en redes sociales, en respuesta a Mayoraz, "restringieron arbitrariamente la participación; eligieron a dedo quién habla y quien no; no transparentaron cómo fue la selección de los elegidos para hablar. Van camino a simular una audiencia pública. No a cumplirla".
En paralelo, el bloque opositor enfrenta el desafío de avanzar con los pedidos de interpelación por el escándalo $Libra. Según pudo saber El Destape, los tres proyectos de resolución presentados el viernes aún no tienen giro a comisiones, pero el antecedente del año pasado indica que podrían recaer en Asuntos Constitucionales y en Peticiones, Poderes y Reglamento. El escenario es complejo: la primera está en manos de La Libertad Avanza y la segunda aún no se constituyó, con el agravante de que el oficialismo es mayoría en ambas. Para llegar al recinto, necesitan un dictamen y una mayoría absoluta de 129 votos.
Las interpelaciones apuntan directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (con 23 ítems de consulta), y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (con otros 20). En el caso de la hermana del Presidente, su condición de imputada le permitiría concurrir con abogados y abstenerse de responder preguntas que comprometan su situación procesal. En cuanto a Javier Milei, la oposición planea poder sortear el filtro parlamentario ingresando un cuestionario de 13 puntos mediante un pedido de acceso a la información pública, buscando respuestas sobre sus conversaciones con los involucrados en la estafa y las supuestas alarmas que, como economista, omitió ver.
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