La "puerta giratoria" en funcionarios de alto rango funciona en dos vías: con ministros o secretarios que dejan su puesto para irse a trabajar a una empresa privada que estaba bajo su ámbito de regulación o supervisión y, a la inversa, con ejecutivos del sector privado que asumen un cargo desde el que pueden influir en políticas que afecten a su industria de origen. En el gobierno de Javier Milei suceden las dos a la vez. Según detectó el último informe del Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET), más de un tercio de los funcionarios libertarios provienen exclusivamente del sector privado, mientras que más del 15% de ellos tuvieron un recorrido mixto público privado y, los renunciantes o los echados, volvieron casi en la misma proporción a trabajar en sus empresas o rubros de origen, conformando una puerta giratoria perfecta.
El tema es observado y seguido con políticas de transparencia en todo el mundo porque encierra la fuerte posibilidad de que surjan conflictos de intereses protagonizados por esos funcionarios y ex funcionarios de estrecha vinculación con el sector privado. Entre otros, los potenciales problemas son la captura regulatoria –toma de decisiones políticas sesgadas para beneficiar a intereses privados– y el tráfico de influencias. Para regular y mitigar los conflictos éticos de la "puerta giratoria" países como Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia, Alemania, Brasil o Japón aplican normativas y períodos de "enfriamiento" entre un cargo y otro. En la Argentina, las normas son más bien escasas: sólo aplica a grandes rasgos la Ley de Ética Pública y la obligación de los funcionarios salientes de informar sus destinos laborales, que es ampliamente incumplida.
Eso obligación de informar está contemplada en el Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP) que, según el Observatorio de las Elites, fue incumplido por más de la mitad de los ex funcionarios mileístas. "El sistema MAPPAP exige declarar actividades profesionales previas y posteriores al ejercicio de la función pública. El 71,9 % (de los funcionarios de Milei) presentó la declaración de actividades anteriores, pero solo el 47,9 % cumplió con la de actividades posteriores. Este incumplimiento revela debilidades en los mecanismos de control y transparencia en contextos de alta rotación", destaca el informe publicado este lunes por la coordinadora del Observatorio y exsecretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y los especialistas Julia Gentile y Pablo Salinas.
En ese contexto, y advirtiendo la dificultad persistente de analizar los gabinetes libertarios debido a la altísima rotación de sus integrantes –de hecho, Lisandro Catalán fue el ministro del Interior que menos duró en el cargo: solo 47 días–, el informe analizó las trayectorias previas y posteriores de 96 funcionarios que renunciaron o fueron echados desde el inicio del gobierno y hasta diciembre de 2024. Según la investigación, la mayor rotación se concentró en áreas clave: el Ministerio de Economía tuvo 27 bajas (el 28 % del total), seguido por Capital Humano (20) y Jefatura de Gabinete (14).
De esos funcionarios salientes, el 40% provenía del sector público, el 34% del privado, el 17% tenía experiencia mixta y del 9% no había datos. Con un detalle: en Economía, Jefatura de Gabinete y Presidencia se concentraron los perfiles que venían de empresas privadas, mientras que Capital Humano mostró predominancia pública.
En cuanto a los destinos posteriores, el 35% se reinsertó en el sector público, el 27% volvió al sector privado, el 4% combinó a ambos y el 33% no registró información, incumpliendo la magra normativa argentina.
Y, centrándose en ese tercio aproximado de funcionarios salientes que volvieron al sector privado, el Observatorio de las Elites detectó 18 casos de “puerta giratoria recurrente”. Es decir, funcionarios que ingresaron desde el sector privado, ocuparon cargos públicos y regresaron al privado tras su salida. Esta dinámica se concentró en Economía, Capital Humano y Jefatura de Gabinete, y plantea interrogantes sobre la captura de decisiones públicas por intereses privados. Son funcionarios que venían de y volvieron a los sectores a los que debían regular desde el Estado.
En esos 18 casos, se destacan figuras como el ex administrador de Aviación Civil, Gustavo Marón, que ingresó desde una consultora aeroespacial y regresó como asesor jurídico; o el presidente el INTA, Juan Cruz Molina Hafford, que mantuvo su rol como socio en una empresa agropecuaria antes y después de su paso por la gestión. "Esta continuidad revela una vinculación directa con sectores regulados por el Estado, especialmente en el agro y la infraestructura", señala el informe. En cuanto al ministerio de Capital Humano, los funcionarios Maximiliano Keczeli y Pablo Rodrigué transitaron desde empresas tecnológicas y gestión privada hacia cargos de coordinación y subsecretarías, para luego retornar a actividades similares en el sector privado. En Jefatura de Gabinete, se observa una lógica similar: por ejemplo, Alicia Caballero, Alberto Haure y Carlos Peracca ingresaron desde consultoras, universidades privadas o estudios contables, y tras su salida retomaron funciones directivas en firmas privadas o emprendimientos propios.
"El origen público o privado de los/as funcionarios/as no es bueno o malo en sí mismo, lo que nos interesa destacar en el informe son los riesgos en un punto central: la transparencia. La carencia de información pública de muchos orígenes y, más aún, muchos destinos de personas que tuvieron altas responsabilidades en la APN hacen sonar las alarmas en dos fenómenos que ocurren en las gestiones: la puerta giratoria y la captura de la política pública", destaca el informe.
Durante el primer año del gobierno de Milei, el Observatorio de las Elites había detectado también múltiples conflictos de intereses, protagonizados por funcionarios con participación en sociedades anónimas y directorios de empresas a las que deben controlar; además de los mencionados casos e funcionarios que vienen de (y probablemente vuelvan a) los sectores a los que deben regular desde el Estado; pasando por el elefante en la sala: el asesor monotributista Santiago Caputo, que ni siquiera está nombrado y no es auditable. El informe había detectado 55 los funcionarios de rango superior –ministerios, secretarías y subsecretarías– que tienen 182 participaciones declaradas ante la Inspección General de Justicia en directorios de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades extranjeras, entre otras. El Ministerio en el que más casos aparecieron fue el de Economía (23 funcionarios), seguido por la Jefatura de Gabinete (7 funcionarios) y la primera edición del Ministerio del Interior (5 funcionarios).
Los conflictos de interés en el Ministerio de Salud, por caso, ya asomaban durante la gestión del renunciado Mario Russo y terminaron de saltar a la luz pública con el ascenso de quien controlaba la cartera desde un segundo plano: el hoy ministro de Salud, Mario Lugones. Creador de la Fundación Sanatorio Güemes, a su vez controlante de la prepaga Hominis, Lugones hoy toma decisiones sobre el sector que integró e impulsó y que, con el gobierno de Milei, recibió constantemente buenas noticias: desde la desregulación de sus precios hasta la posibilidad de rechazar a afiliados de bajos aportes y restringir las coberturas en los planes cerrados.
De esos 55 funcionarios de rango superior con potenciales conflictos de intereses, salta a la vista el caso del secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, que según la información oficial del año pasado tenía o tiene participación en 37 sociedades o directorios. Algunas de ellas:
- los gigantes de la minería global XSTRATA QUEENSLAND LIMITED; XSTRATA HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED; M I M INTERNATIONAL EXPLORATION PTY LTD; GLENCORE EL PACHON LIMITED;
- las financieras ALCATEL-LUCENT SERVICES INTERNATIONAL B.V.; ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS; ALLY FINANCIAL INC; AQUILINE HOLDINGS INC;
- la tecnológica ZEBRA TECHNOLOGIES CANADA, ULC;
- la farmacéutica SERVIER NEDERLAND B.V;
- y la empresa de leasing de vehículos GMAC ARRENDAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Su participación en empresas mineras constituye un conflicto de interés contemplado en la Ley de Ética Pública, que, de mínima, lo obligaría a excusarse en decisiones vinculadas a esas firmas y sus intereses.
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