Reforma Constituyente: estatales reclamaron un sistema de seguridad social solidario con una nueva propuesta

Mientras se acumulan las críticas contra Pullaro y sus iniciativas, ATE presentó sus propias propuestas para la reforma constitucional, con foco en la seguridad social, la salud y los derechos humanos.

25 de julio, 2025 | 11.26

Al cierre de la segunda semana de la a Convención Constituyente de Santa Fe, los trabajadores estatales en conflicto con el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron sus propuestas para la reforma de la Carta Magna provincial y el reglamento aprobado por los convencionales. Los puntos principales giran en torno a la ampliación de derechos en salud, seguridad social, tecnología y derechos humanos. 

Las críticas de la oposición se siguen acumulando mientras tanto contra Pullaro, porque consideran que el gobiernador juró con una Constitución que no permite la reelección, aunque ahora impulsa una reelección de autoridades por un período consecutivo, por lo que lo acusan directamente  de querer "perpetuarse en el poder" a través de su "auto reelección".

En total, son 42 los artículos habilitados para reformar, según lo estableció la ley sancionada por la Legislatura el 6 de diciembre de 2024. Por su parte, ATE organizó su propuesta en torno a siete ejes temáticos: Transparencia en Organismos de Seguridad Social, Derecho a la Salud, Participación Sindical en la Gestión de la Seguridad Social, Régimen público de reparto “asistido” y solidario, Sitios de la Memoria como Patrimonio Cultural, Empresa Pública de Innovación con Inteligencia Artificial y Biotecnología y Medidas de Acción Positiva para Personas con Discapacidad. 

"El pedido puntualmente es para que las jubilaciones estén garantizadas, sean solidarias y asistidas en cuanto a los recursos" y agregó, "solicitamos a los convencionales más garantías para los organismos de la seguridad social y que se garantice la salud a toda la población en general", explicó al medio local Aire Adolfo Avallone, secretario de ATE. El modelo que propone establece que jubilaciones y pensiones se atiendan exclusivamente a través de un régimen público de reparto “asistido” y solidario, gestionado por una institución estatal de carácter intransferible, lo que denominan como un sistema previsional sustentado en la solidaridad, blindado a transferencias a otras jurisdicciones y privatizaciones. 

"Creemos firmemente que es el momento de reafirmar y ampliar los derechos de nuestra ciudadanía, y no de restringirlos. Nuestras sugerencias están pensadas para construir una Constitución más transparente, equitativa y adaptada a los desafíos del presente y del futuro, garantizando una mejor calidad de vida para todos/as”, sostiene el documento presentado a los/as Convencionales Constituyentes.
 

La propuesta completa de ATE

  • Transparencia en Organismos de Seguridad Social – Artículo 11: Reconocer el derecho de los sindicatos representativos a acceder a información de los organismos de seguridad social financiados con aportes de los trabajadores, como el IAPOS y la Caja de Jubilaciones. Exigir que estos organismos emitan informes periódicos sobre su gestión, convenios suscriptos y políticas adoptadas, y que respondan a consultas formales de las organizaciones sindicales. Esta medida busca fortalecer el principio de transparencia activa y el control social sobre fondos públicos y paraestatales, contribuyendo a reforzar la confianza ciudadana y prevenir prácticas discrecionales.
  • Derecho a la Salud. Especialidades médicas. Historia clínica digital - Artículo 19: Garantizar el derecho a la salud no solo como una responsabilidad individual, sino también como un interés colectivo, incorporando el principio de equidad territorial. Para ello, el Estado debe asumir la planificación y regulación de las especialidades médicas, definiendo la cantidad mínima de profesionales necesarios según las necesidades sanitarias de la población. Esta planificación debe ser articulada con universidades, colegios profesionales y actores del sistema público y privado, superando el actual modelo corporativo de formación de especialistas y asegurando cobertura en todo el territorio provincial. Asimismo, se plantea la incorporación de la Historia Clínica Digital Única en todos los niveles de atención del sistema público y de obras sociales, integrando telemedicina, teleconsulta e Inteligencia Artificial como herramientas estratégicas. Esto permitirá mejorar la calidad y continuidad del cuidado, facilitar el acceso en zonas alejadas, fortalecer la prevención y generar evidencia para una planificación sanitaria eficiente.
  • Participación Sindical en la Gestión de la Seguridad Social – Artículo 20: Reconocer a las organizaciones sindicales el derecho a requerir información, recibir informes periódicos y participar en la gestión de los organismos de seguridad social financiados con aportes de los trabajadores. Esta propuesta busca fortalecer el control democrático y social, ya que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores que son los principales aportantes. La inclusión de este derecho en la Constitución consolida prácticas ya existentes y otorga estabilidad institucional a la participación sindical, armonizando con estándares internacionales que promueven la participación de los trabajadores en instancias de decisión sobre cuestiones que los afectan directamente.
  • Régimen público de reparto “asistido” y solidario - Artículo 21: Garantizar que las jubilaciones y pensiones de las y los trabajadores públicos provinciales se atiendan exclusivamente a través de un régimen público de reparto “asistido” y solidario, gestionado por una institución estatal de carácter intransferible. Este modelo reafirma el compromiso del Estado con un sistema previsional sustentado en la solidaridad, que no pueda ser transferido a otras jurisdicciones ni privatizado. La incorporación del término “asistido” es clave, ya que reconoce expresamente la obligación del Estado provincial de financiar el sistema cuando los aportes y contribuciones resulten insuficientes. Esto evita interpretaciones restrictivas futuras, refuerza la solidaridad institucional —además de la intergeneracional— y ofrece una base constitucional sólida frente al déficit estructural que atraviesan muchos sistemas previsionales.
  • Sitios de la Memoria como Patrimonio Cultural - Artículo 22: Incorporar los Sitios de la Memoria vinculados a graves violaciones a los derechos humanos como parte del patrimonio cultural protegido de la Provincia. Estos espacios son fundamentales como lugares de reflexión, transmisión histórica y reafirmación del compromiso democrático y de los valores de justicia, verdad y reparación. Su inclusión constitucional afirma el compromiso de la Provincia con las políticas de memoria y se alinea con la Ley Nacional 26.691 y tratados internacionales.
  • Empresa Pública de Innovación con Inteligencia Artificial y Biotecnología Sección d.1.5- Crear una empresa pública con participación de universidades, institutos de investigación, el sector productivo y las organizaciones del trabajo. Su objetivo será el desarrollo, promoción y aplicación de nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial y biotecnología, en el ámbito público y social pensando en el futuro próximo. Esta iniciativa estratégica busca posicionar a Santa Fe en la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, asegurando una gobernanza democrática y plural al prever la participación de diversos actores, y orientando el uso de la IA y la biotecnología hacia fines de interés público.
  • Medidas de Acción Positiva para Personas con Discapacidad -Sección d.1.11 : Proponemos la incorporación de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad sustantiva y el pleno goce de derechos de las personas con discapacidad. El Estado adoptará medidas para eliminar barreras físicas, comunicacionales, institucionales, culturales y sociales, buscando la accesibilidad universal, la vida independiente, la inclusión comunitaria y la participación plena en todos los ámbitos. Se aclara que estas medidas especiales pro igualdad no son discriminatorias, y la propuesta se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.