La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) alertó por el actual nivel "excepcionalmente alto de vacantes" en los fueros federal y nacional y advirtió por la "reducción presupuestaria" prevista para el 2026 en la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal. También expresó su preocupación porque “más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva”
"Actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva. De ese total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Justicia Federal del interior, y 49 a la Federal con asiento en CABA", detalló el organismo.
Para la ADPRA, esta situación "afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, cámaras y tribunales orales" y tiene mayor peso "en provincias donde un mismo órgano concentra múltiples competencias y donde la falta de magistrados titulares genera demoras, sobrecargas y desigualdades territoriales" en el acceso a la Justicia. "Desde la perspectiva de las Defensorías del Pueblo, el normal funcionamiento del Poder Judicial es un componente esencial de la protección de derechos y de la confianza pública en las institucione", indicó.
Cómo incide la falta de recursos
Además de datos del Consejo de la Magistratura sobre los cargos vacantes, el documento también exhibe la advertencia de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal, que señaló que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una reducción del 8% en términos generales y del 74% en bienes de uso, una decisión que "impacta directamente en infraestructura, mantenimiento edilicio, recursos tecnológicos y en las condiciones mínimas".
ADPRA sostuvo que la combinación de vacantes prolongadas y restricciones presupuestarias constituye “un problema de gestión administrativa”, que afecta la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia y prolonga la tramitación de causas civiles, penales, comerciales, ambientales y previsionales.
También se alertó que la falta de incremento de recursos "incide negativamente" en la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), compromete la digitalización, la ampliación de infraestructura crítica y el fortalecimiento de áreas sensibles del fuero federal vinculadas a delitos complejos, narcotráfico, medio ambiente, seguridad social y derechos colectivos.
La organización señaló que el funcionamiento del Poder Judicial es “un componente esencial de la protección de derechos y de la confianza pública en las instituciones”, y consideró indispensable acelerar la cobertura de vacantes, revisar las previsiones presupuestarias y asegurar condiciones materiales y tecnológicas que garanticen “accesibilidad, eficiencia y equidad territorial” en la prestación del servicio.
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