El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó al exfiscal Washington Palacios, a dos abogados y a un testigo por haber armado una maniobra con prueba falsa para beneficiar a un condenado por un robo ocurrido en 2013 en la casa de la familia de Sergio Massa y Malena Galmarini, en Tigre.
"Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS", lanzó Galmarini al conocer la sentencia. El mensaje emitido en la red social X y replicado por Massa continuó: "La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin". Y cerró: "La condena es clara: NO TODO VALE".
En la madrugada del 21 de julio de 2013, la vivienda de la familia Massa-Galmarini fue escenario de un violento robo. Tras dos allanamientos en propiedades vinculadas al principal sospechoso, Alcides Gorgonio Díaz, integrante de la división de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, se secuestraron armas, dinero y elementos sustraídos durante el asalto. Así, el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro condenó a Díaz a trece años de prisión efectiva, fallo que luego fue ratificado por el Tribunal de Casación.
Lo que parecía un caso cerrado desde hacía años terminó exponiendo una trama más profunda: lo que comenzó como un hecho policial, terminó exponiendo una trama de corrupción judicial. Meses después comenzó a gestarse una operación paralela. Entre fines de 2014 y comienzos de 2015, el entonces fiscal Palacios, junto con los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español, y el testigo de los allanamientos, César Emiliano Jaunarena, coordinaron una estrategia para debilitar esa causa.
Tras años de investigación, la Justicia comprobó la responsabilidad de los implicados. Palacios, quien ya había sido destituido en 2019, recibió seis años de cárcel y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los abogados Pérez Bodria y Español fueron condenados a cinco años de prisión e inhabilitación profesional; y el testigo Jaunarena, a cuatro años de prisión. Según supo El Destape, al momento de escuchar la sentencia los acusados se pusieron violentos y empezaron a los gritos. De no recurrir a la apelación en los próximos días, las condenas quedarán firmes y la pisión de cumplimiento efectivo.
Tomás Pérez Bodria, uno de los condenados, es un dirigente político de Pilar que históricamente estuvo vinculado al espacio de Elisa Carrió (Coalición Cívica). De hecho, Carrió defendió política y legalmente al exfiscal Palacios ya que se presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento en La Plata para declarar a su favor. Desde el entorno del exministro de Economía y de la actual senadora bonaerense adelantaron a El Destape que preparan una presentación judicial contra Carrió tanto penal como civil. "A Palacios, que Carrió lo defendió en el jury, le habían prometido ser juez y en la Coalición Cívica quisieron darle un empleo en la Legislatura. Hay una conexión flagrante", argumentaron acecra de un presunto vínculo detrás de la causa hoy probada como un plan para plantar pruebas falsas que beneficien al condenador por amedrentar a la familia Massa.
Cómo fue el plan para armar pruebas falsas
El mecanismo elegido fue concreto: utilizar una denuncia por amenazas presentada por el propio testigo como puerta de entrada para reabrir el tema. A partir de allí, según quedó probado en el juicio, desviaron el foco de la investigación y construyeron un relato alternativo destinado a desacreditar las pruebas originales.
Ese relato incluía afirmaciones falsas como que durante los allanamientos se había secuestrado más dinero del que figuraba en las actas y que una persona desconocida había ingresado al domicilio con un bolso. Ninguna de esas situaciones se probaron, pero se intentó instalar esa versión tanto en sede fiscal como en el juicio oral.
El tribunal consideró acreditado que no se trató de errores ni de interpretaciones distintas, sino de una maniobra deliberada. Hubo coordinación entre los involucrados, respaldo en comunicaciones telefónicas y testimonios, e incluso intentos de influir sobre otros testigos para que modificaran sus declaraciones. El objetivo era claro: generar dudas sobre la validez de la investigación original y mejorar la situación procesal del condenado, incluso facilitando que pudiera eludir la acción de la justicia.
Con el avance de las investigaciones y la acumulación de pruebas, se comprobó el armado de la operación y la responsabilidad de los implicados. En paralelo, Palacios ya había sido destituido en 2019 por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires por irregularidades vinculadas a estos hechos, lo que reforzó su situación en el plano penal.
En su veredicto, el juez remarcó la gravedad institucional del caso, no solo por la producción de prueba falsa o los falsos testimonios, sino porque uno de los protagonistas era un fiscal que utilizó su cargo para desviar una investigación y participar de un acuerdo ilícito.
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