El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el gobierno de Javier Milei avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal. La iniciativa, que surge tras una reunión entre ambos, busca actualizar la legislación frente a los desafíos actuales, incorporar nuevos delitos y endurecer penas en el marco de una agenda centrada en la seguridad y las víctimas.
A través de un mensaje en redes sociales, Mahiques confirmó que mantuvo un encuentro de trabajo con el Presidente en el que se definió avanzar con una reforma integral del Código Penal argentino. El objetivo, según planteó, es actualizar la normativa vigente para adaptarla a fenómenos delictivos contemporáneos que hoy no están suficientemente contemplados o regulados.
La propuesta se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que ponen el foco en la seguridad, el orden público y el endurecimiento de las respuestas penales. En ese sentido, el nuevo Código Penal buscaría unificar criterios, actualizar figuras legales y establecer penas más severas en determinados casos.
Mientras se elabora el nuevo Código Penal, el Ejecutivo adelantó que trabajará junto al Congreso de la Nación Argentina en una serie de modificaciones parciales. Entre ellas, se destacan:
- Endurecimiento de penas para distintos delitos
- Armonización del sistema penal, para evitar disparidades en sanciones
- Incorporación de nuevas figuras delictivas
Entre los delitos que el Gobierno busca incluir aparecen fenómenos delictivos que han ganado visibilidad en los últimos años, como las estafas piramidales, los ataques conocidos como “viuda negra”, las salideras y entraderas, y los robos cometidos por “motochorros”. También se prevé la tipificación de delitos migratorios, el uso de armas dentro de cárceles, las picadas ilegales y el daño animal, ampliando así el alcance del sistema penal hacia problemáticas actuales.
Un debate que se viene en el Congreso
El tratamiento en el Congreso de la reforma del Código Penal abrirá un debate entre distintas fuerzas sobre el alcance de las penas, la creación de nuevos delitos y el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales.
En ese escenario, el Gobierno buscará construir consensos para avanzar con una de las reformas estructurales más relevantes en materia judicial y penal de los últimos años.
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