Récord de litigios en la Corte Suprema: el Estado impulsa más de la mitad de las causas y agrava la parálisis

Un informe advierte que en 2024 se alcanzó un máximo histórico de recursos ante la Corte Suprema. El sector público explica el 56% de las presentaciones y la ANSES concentra más del 90% del conflicto estatal, con jubilados como principales afectados. El pasivo conocido supera los $3 billones.

07 de abril, 2026 | 15.52

La litigiosidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación alcanzó en 2024 un récord histórico y detrás de esa cifra hay un actor central que es el Estado y los jubilados como víctimas. De hecho, los juicios previsionales acumulan una deuda por más de $3,1 billones. Traducido al tipo de cambio actual, son unos 2.170 millones de dólares.

Según un informe del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), más de la mitad de los recursos que ingresaron al máximo tribunal el año pasado fueron impulsados por organismos públicos, en un esquema que tiene como principales afectados a jubilados y pensionados. El año pasado hubo 45.678 recursos presentados, lo que representó un 41% más que en 2023, de los cuales el 56% corresponde al Estado. Dentro de ese universo, la ANSES explica el 91,6% de los casos, lo que la convierte en el principal motor de la litigiosidad previsional que hoy congestiona la Corte.

Frente a fallos adversos en instancias inferiores, el organismo previsional apela de manera sistemática y lleva los casos hasta la Corte. El resultado es una prolongación de los procesos que, en la práctica, posterga el cobro de haberes para los jubilados que reclaman actualizaciones o diferencias en sus ingresos.

El impacto es doble. Por un lado, explica el volumen inédito de causas: en 2024, los recursos presentados por ANSES equivalieron al total de expedientes que todos los particulares llevaron a la Corte en 2019. Por otro, genera un cuello de botella que ralentiza el funcionamiento del tribunal y desplaza el tratamiento de cuestiones de mayor relevancia institucional.

Así, en un sistema donde los tiempos judiciales se extienden durante años, la apelación sistemática se convierte en una barrera concreta para quienes buscan cobrar lo que consideran adeudado. “Siempre se buscó apelar todo hasta el final porque el Estado gana por abandono. No es de ahora, no importa el Gobierno”, explicó a El Destape un abogado con experiencia en el sector público. Como si fuese necesario explicar, ese “abandono” alude a la posibilidad de que los demandantes —muchos de ellos adultos mayores— fallezcan antes de que el proceso concluya. “La gente se muere esperando”, resumió.

Aunque no existe una explicación oficial sobre el salto registrado en 2024, especialistas en derecho previsional coinciden en una lectura: la intensificación de las apelaciones podría estar vinculada a una estrategia para diferir pagos. “ANSES se está sacando de encima los pasivos como una forma de pasarlos a futuras administraciones”, señalan. En términos fiscales, implica trasladar el costo hacia adelante a cambio de acumular intereses y agrandar la deuda final.

Con respecto al colapso institucional, el total de recursos entre 2020 y 2024 es casi 150.000, de los cuales solo 87.000 tuvieron resolución. FORES resalta que tomando los presupuestos nacionales 2022-2026 actualizados a tasa pasiva el pasivo asciende a más de tres billones de pesos o 2.170 millones de dólares (dólar oficial a $1.435). "Esta cifra no refleja la totalidad del pasivo estatal, sino únicamente el período 2020-2024", resalta el foro presidido por Pablo Pirovano.

Otro dato que refuerza la masividad del fenómeno es la cantidad de recursos rechazados por cuestiones formales. Muchos de ellos incumplen los requisitos establecidos por la Acordada 4/2007, que regula la admisibilidad de las presentaciones ante la Corte. Entre especialistas, esto se interpreta como un síntoma del volumen y la lógica de presentación en serie que caracteriza a estos expedientes.

"Las 62.000 causas sin resolver constituyen un enorme pasivo oculto para los presupuestos que vienen y que, tarde o temprano, habrá que afrontar", concluye el informe y advierte que "el flujo de ingreso de causas supera ampliamente la capacidad humana y material de la Corte Suprema". Fuentes judiciales adelantaron a este medio que los datos de 2025, que se conocerán la próxima semana con la publicación del nuevo anuario estadístico, se mantienen en la misma línea y confirman una fuerte presencia del organismo previsional en el flujo de causas hacia la Corte.