Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner para cumplir su condena por la causa Vialidad. Pidieron que la ex presidenta vaya a una cárcel común, decisión que ahora deberá tomar la Cámara Federal de Casación, más concretamente la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, el mismo tribunal que ya condenó a CFK en esta misma causa.
En un escrito de 33 carillas, al que accedió El Destape, los fiscales reclamaron que se revoque el arresto domiciliario de “Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”. Y argumentaron: “No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”.
Para los dos fiscales, “jamás existieron motivos reales” para darle la domiciliaria a la ex presidenta de 72 años, quien no sólo dio como argumento legal su edad, sino también razones de seguridad ya que sufrió un atentado contra su vida en 2022 y ha acusado de estar involucrados a dirigentes políticos cercanos a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Pese a que Luciani y Mola ya habían pedido cárcel común para CFK ni bien se conoció la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el 11 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal 2 decidió concederle el beneficio de la domiciliaria, seis días después. Uno de los argumentos fue que, en caso de estar en una prisión, la ex presidenta debería estar aislada por razones de seguridad, lo que implicaría un castigo extra. Los dos fiscales aseguraron en su apelación que una eventual detención en solitario “desde ningún ángulo puede asimilarse al aislamiento”.
Diputados y senadores de UP defendieron su "derecho" de visitar a CFK "sin restricciones"
Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria (UP) presentaron a la Justicia la semana pasada un escrito en el que defendieron su "derecho" a visitar a CFK quien se encuentra cumpliendo su pena en prisión domiciliaria y a quien se le impuso una inusual restricción de visitas. "Diputados y senadores de Unión por la Patria notificaron a la Justicia su derecho a visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin restricciones", explicaron las bancadas en redes sociales.
"Este mediodía, diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria realizaron una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N°2. En el escrito, los legisladores detallan sobrados motivos por los cuales pueden visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin previo aviso ni autorización judicial", comenzó el comunicado, que siguió: "De esta manera, los representantes de UP en el Congreso de la Nación ratifican que concurrirán, en cada oportunidad que sea necesaria, a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de calle San José. En el mismo sentido, exigen que se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política".
En paralelo, la Justicia recibió un aluvión de pedidos de visitas a Cristina. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, había publicado días atrás la casilla de mail a la que los ciudadanos debían comunicarse para pedir autorización para visitar a la ex presidenta. Este miércoles, Dalbón escribió: "El TOF N.º 2 acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial: Recibieron 702 correos electrónicos de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho". Y añadió: "En cambio, notificó a sus abogados —Dres. Alberto Beraldi y Ary Llernovoy— que ella misma debe enviar, los pedidos con los datos personales de cada visitante".
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