La eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría modificar de manera profunda la estructura de la propiedad rural en Argentina. Especialistas consultados por El Destape advirtieron que el proyecto en debate en el Senado no solo facilitaría el ingreso de capitales extranjeros, sino que además impulsaría un aumento del precio de la tierra, dificultaría el acceso para pequeños productores y profundizaría un proceso de concentración que ya caracteriza al sector agropecuario.
El proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra. El proyecto, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por el oficialismo, apunta a terminar de distorsionar el negocio del agro y entregar en bandeja el control de precio de los alimentos a las empresas extranjeras.
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Un mercado cada vez más concentrado
La estructura de la propiedad rural argentina ya exhibe elevados niveles de concentración. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor de 62 millones de hectáreas —equivalentes al 35% del territorio nacional— pertenecen a poco más de 1.200 grandes propietarios, que representan apenas el 0,1% del total de dueños privados.
En varias regiones esa concentración se encuentra fuertemente vinculada a grandes grupos económicos y capitales extranjeros. La Patagonia constituye uno de los casos más representativos, con enormes extensiones en manos de conglomerados internacionales y de grandes grupos empresarios, una situación que desde hace años genera cuestionamientos por el control de recursos estratégicos como bosques, lagos, ríos, glaciares y tierras productivas.
La eliminación de los límites cambiaría el mercado
La iniciativa elimina el tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden quedar en manos extranjeras, así como los límites por nacionalidad y las restricciones de superficie por propietario. Para la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la reforma desplaza el foco de la regulación estatal y deja prácticamente sin controles a los grandes capitales privados internacionales.
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La entidad sostiene que, al desaparecer esos límites, el Estado pierde una de sus principales herramientas para prevenir procesos de concentración de la propiedad y de apropiación de recursos naturales estratégicos. Además, el proyecto elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y se suma a otras iniciativas recientes —como el RIGI y el denominado Súper RIGI— que, según la organización, reducen la capacidad estatal para planificar políticas vinculadas al territorio.
Más demanda externa y tierras más caras
El coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA, Pablo Volkind, consideró que uno de de los principales efectos económico sería el "incremento del valor de la tierra". Según explicó, la eliminación del límite del 15% podría permitir que la participación extranjera creciera de manera sustancial y, en un contexto de tipo de cambio favorable para los inversores internacionales, aumentaría la demanda sobre campos argentinos.
Ese escenario, sostuvo, presionaría al alza los precios de la tierra y complicaría aún más el "acceso para pequeños y medianos productores", además de profundizar las dificultades que enfrentan numerosas comunidades indígenas para conservar sus territorios.
Como ejemplo mencionó el caso de Misiones, donde el 11% del territorio provincial ya pertenece a propietarios extranjeros y cinco departamentos superan el límite previsto por la legislación vigente. Allí, explicó, la expansión de la empresa chilena Arauco sobre plantaciones forestales desplazó parte de la producción yerbatera.
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La especulación inmobiliaria y el desplazamiento de comunidades
Los especialistas también advierten sobre un posible crecimiento de la compra especulativa de tierras. Volkind señaló que empresas extranjeras o vinculadas con capitales internacionales ya adquieren campos en provincias como Tierra del Fuego, Chaco y Formosa, muchas veces con el objetivo de valorizarlos y venderlos posteriormente a precios superiores.
En otros casos desarrollan actividades ganaderas durante algunos años antes de desprenderse de los inmuebles. Este fenómeno, indicó, genera "conflictos por el acceso a la tierra, incrementa los procesos de desalojos y afecta especialmente a comunidades rurales históricas".
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Además, el avance de emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en zonas cordilleranas también repercute sobre recursos estratégicos como el agua y obliga a numerosas familias a abandonar sus lugares de residencia para continuar desarrollando actividades productivas.
Riesgos para las economías regionales
En esa línea, la doctora en Estudios Territoriales y cofundadora del Observatorio de Tierras de la UBA, Julieta Caggiano, advirtió que la reforma podría acelerar el proceso de extranjerización de la tierra a una escala considerablemente mayor. Según explicó, grandes empresas agroexportadoras, forestales, mineras y vinculadas a la producción de alimentos tendrían mayores posibilidades de expandirse sobre distintas regiones del país.
Entre los sectores que podrían registrar una mayor presencia mencionó a las explotaciones agroexportadoras en la zona núcleo, los proyectos mineros y los centros de datos en la cordillera —que requieren grandes volúmenes de energía y agua—, además de emprendimientos turísticos exclusivos.
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Caggiano sostuvo que esta situación genera una "competencia desigual", ya que las grandes compañías cuentan con una capacidad financiera muy superior a la de los productores locales, lo que termina desplazando actividades tradicionales.
A su juicio, el resultado no solo implicaría una "mayor concentración de la propiedad rural", sino también la desaparición de producciones regionales, una reducción del empleo y una creciente dependencia de grandes capitales internacionales.
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