Ley de tierras, senadores decisivos y movilización: la UCR marcha al Congreso

La Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires convocó a marchar este jueves al Congreso contra el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y extranjerización de tierras. Lo hará en conjunto con la Juventud Radical nacional y Franja Morada, que también llamaron a movilizarse. Dentro del parlamento, dos senadores boina blanca aparecen como decisivos frente a una votación cerrada.

En un duro documento aprobado este lunes en un plenario de convencionales, la UCR de la Ciudad resolvió rechazar el proyecto que se discutirá este jueves en la Cámara Alta e instó al bloque de senadores a oponerse en el recinto, en línea con lo expresado por el Comité Nacional la semana pasada. Además, el partido capitalino convocó a su militancia y a la ciudadanía en general bajo la consigna "No a la ley de extranjerización; Argentina no se vende, por la tierra y por el agua". También sumaron su llamado a marchar la Juventud y Franja Morada, “por nuestra soberanía y nuestra identidad”. Leonel Chiarella, titular del partido, podría estar en la Capital Federal para esa fecha.

La presencia de una columna radical fuera del parlamento no es asunto menor. En una votación ajustada, la UCR tiene la llave para inclinar la balanza hacia un lado u otro. En la previa se contabiliza que de un total de diez senadores centenarios, siete estarían en condiciones de acompañar al gobierno, uno de rechazar el proyecto (Maximiliano Abad) y dos indecisos. Se trata del catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

Apalancándose en una tradición política que hunde sus raíces en el reformismo democrático, el desarrollo nacional y la defensa de las instituciones republicanas, la UCR capitalina sostuvo que la tierra no puede ser considerada únicamente un activo financiero a merced del mercado, sino que representa un entramado donde convergen “territorio, cultura, producción, agua, biodiversidad, energía y, en muchos casos, infraestructura estratégica” con “implicancias económicas, sociales, ambientales y geopolíticas que trascienden el interés particular de cualquier propietario”.

Bajo esa premisa, el partido sostiene que la protección del territorio frente a compras irrestrictas no implica un repliegue aislacionista ni un rechazo a las inversiones, sino la preservación de la capacidad soberana para planificar el desarrollo en un contexto global atravesado por la disputa de insumos críticos. En esa línea, el documento advierte que el agua dulce, las reservas de litio y las tierras arables se transformaron en activos de alta disputa internacional, por lo que permitir la concentración de estos activos en actores con centros de decisión fuera de las fronteras nacionales arriesga la autonomía del país a futuro.

La experiencia internacional demuestra que los países más desarrollados del mundo no dejan librada esta cuestión exclusivamente al mercado. Según argumentó el espacio centenario, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda aplican férreos controles e inspecciones públicas a las transacciones inmobiliarias rurales en manos de extranjeros. De este modo, la UCR enmarca la regulación del suelo dentro de las prácticas habituales de las economías desarrolladas para resguardar su seguridad nacional y productiva, marcando un claro contraste con la desregulación total que promueve la Casa Rosada.

Juan Loupias, secretario general de la UCR CABA, le dijo a El Destape que “la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el oficialismo representa un grave retroceso para la defensa de nuestra soberanía” porque, “lejos de promover el desarrollo, abre la puerta a una mayor concentración de la propiedad en manos extranjeras y debilita las herramientas con las que el Estado protege un recurso estratégico como es nuestro territorio”.

En línea con lo acordado a nivel partidario, para el dirigente la tierra no puede ser considerada como una mercancía porque es un activo fundamental para la producción, el arraigo y el desarrollo de las economías regionales. De este modo, si el país renunciara a poner límites claros sobre su adquisición , se pondría en riesgo el interés nacional y se dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad a miles de pequeños y medianos productores.

“Por eso acompañamos el pedido del Comité Nacional de la UCR para que el Senado rechace este proyecto. La Argentina necesita reglas que promuevan la inversión, pero sin resignar soberanía ni comprometer el patrimonio de las futuras generaciones. Defender la tierra es defender el país”, sostuvo Loupias.

Durante el plenario de convencionales también se abordaron otros asuntos de vital importancia para el partido, con el foco puesto en el trabajo parlamentario. Para ello, fueron invitadas la diputada nacional Mariela Coletta y la legisladora porteña Manuela Thourte, quienes rindieron cuentas sobre la actividad parlamentaria tanto a nivel país como en el plano local.

Coletta repasó detalladamente las sesiones del primer semestre y el voto de cada diputado radical, destacando la postura consistentemente opositora de aquellos que integran el bloque Provincias Unidas frente a las iniciativas del Gobierno nacional. Entre los temas abordados se mencionaron las votaciones sobre la Reforma Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el Super RIGI y la moción de censura contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La diputada también llevó a la mesa la situación actual del radicalismo en el Congreso, que hoy se encuentra dividido en tres bloques: UCR, Provincias Unidas y Adelante, con posiciones políticas divergentes frente a las iniciativas de la Casa Rosada. Así, se repasó el pedido formal realizado por Coletta, Martín Lousteau, Pablo Juliano, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, solicitando la reserva del nombre "Unión Cívica Radical" para quienes actúan en coherencia con los valores históricos del partido. Un reclamo motivado por las constantes alineaciones del actual bloque UCR con el oficialismo, en contra del mandato partidario.