El Gobierno sigue sumando focos de tensión con los espacios que, al inicio de la gestión, funcionaron como aliados estratégicos. Hoy, el mapa opositor se fragmenta: algunos sectores ya operan abiertamente en la vereda de enfrente, otros gestionan sus diferencias internas y un tercer grupo transita una incómoda convivencia con La Libertad Avanza, marcada por distancias cada vez más evidentes.
La última decisión de la Casa Rosada de crear una “Oficina de Respuesta Oficial” en la red social X no solo recibió el rechazo de FOPEA y el mundo de la comunicación; también motorizó duras críticas desde la política. Los cuestionamientos apuntan a la peligrosidad de la medida y recuerdan los reiterados episodios de hostigamiento del Ejecutivo hacia el periodismo.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, fue uno de los más tajantes al señalar que “en un Estado de Derecho se informa y se rinde cuentas, y esta oficina no tiene nada que ver con eso”. Para el diputado nacional, el Gobierno optó por “erigirse como dueño y árbitro de la verdad, pretendiendo determinar qué es falso y qué no a través de una cuenta oficial”. Ferraro inscribió esta maniobra en la conflictiva relación de Javier Milei con la prensa —marcada por querellas e insultos— y lanzó una advertencia: “El Gran Hermano los vigila”.
La crítica también resonó en el PRO, aunque por ahora a título personal. Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, comparó la iniciativa con el programa “6,7,8” de la gestión kirchnerista. “Si hay un aspecto en el que el Estado no debe intervenir de ninguna manera es en fabricar la verdad”, sentenció la dirigente amarilla, quien remarcó que quienes ocupan cargos públicos deben responder y rendir cuentas sin utilizar el aparato estatal para imponer una visión oficial.
Esta avanzada se suma a una serie de medidas que restringen la transparencia. FOPEA advirtió que el Ejecutivo dificulta sistemáticamente el acceso a las fuentes de información, citando la ausencia de conferencias de prensa regulares y el desmantelamiento de la cobertura de la vocería presidencial.
El punto de mayor fricción sigue siendo el decreto 780/2024 que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, una norma sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri. Aquella medida, que el PRO rechazó por considerarla un retroceso democrático, restringe la definición de información pública y otorga mayor discrecionalidad a los funcionarios para ocultar datos. Para el macrismo, se trata de una estocada a un derecho esencial que garantiza el acceso libre y sin restricciones a los actos de gobierno, una bandera que hoy los separa drásticamente de la narrativa libertaria.
Este nuevo cortocircuito se suma a una serie de tensiones acumuladas en la agenda legislativa y económica. Entre ellas, la disputa por la baja de la edad de imputabilidad —donde el consenso parece inclinarse hacia los 14 años que exigen los aliados, desechando los 13 que pretende el Ejecutivo— y la reciente decisión de postergar el nuevo cálculo de la inflación ante un escenario de aumento de precios que el Gobierno prefirió no transparentar.
En este contexto se inscribe la gestión de las distintas posiciones internas de la UCR. El radicalismo porteño fue tajante al respecto: para el partido, la fortaleza de una nación depende directamente de la salud de sus instituciones. En ese sentido, advirtieron sobre el peligro de volver a tropezar con la piedra de estadísticas poco creíbles, cuyo impacto negativo golpea directamente la economía y la confianza ciudadana.
Para el espacio centenario, si bien el proceso de desinflación es real, se sostiene sobre un "tremendo esfuerzo social" de todos los argentinos. Según la visión de la UCR porteña, ese sacrificio no debería verse empañado por ninguna sospecha sobre la veracidad de los datos. De esos guarismos se desprenden variables críticas para la economía real: desde las paritarias y las jubilaciones hasta la credibilidad necesaria para atraer inversiones genuinas.
A pesar de que la UCR ha mostrado matices en su relación con la Casa Rosada, desde la CABA recalcaron que la defensa de las instituciones no es una cuestión regional sino un valor compartido por toda la Unión Cívica Radical a lo largo y ancho del país. Para el radicalismo porteño, se trata de un valor compartido por toda la Unión Cívica Radical a lo largo y ancho del país, más allá de que el partido aplica para sus Comités locales el principio constitucional de autonomía de las provincias.
Cerrar sesión