El 3 de enero, Venezuela sufrió una agresión que marcó un punto de inflexión en la región: una operación militar y tecnológica ejecutada por Estados Unidos contra Caracas y regiones aledañas que combinó bombardeos sobre la capital, Miranda, Aragua y La Guaira, ataques cibernéticos y electromagnéticos y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Madur, la diputada nacional Cilia Flores y al menos un centenar de fallecidos. El hecho representó -no hay país atenido a los consensos básicos internacionales que pueda negarlo- una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de la ONU y una agresión a la soberanía nacional.
La brutalidad del episodio y su carácter extraterritorial no pueden separarse del asedio sostenido que precedió la acción. Meses antes Washington había intensificado operaciones en la región bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Estas incursiones, según informaciones oficiales, causaron más de 100 muertes en operaciones desarrolladas en el Mar Caribe.
La narrativa sobre la lucha contra el narcotráfico cayó por su propio peso, cuando Donald Trump explicó en conferencia de prensa los detalles de la operación y los objetivos de Estados Unidos de tomar control de la infraestructura y el comercio petrolero del país. La “doctrina Donroe”, tal como la nombró, llegó no sólo para asegurar una “América para los americanos”, sino también para que esto suceda a la manera de Donald Trump. En aquella conferencia de prensa, el presidente norteamericano expresó que las administraciones anteriores, en su país, no habían sido capaces de resguardar esos principios.
Más allá de las versiones construidas por EEUU, los hechos revelan una operación pensada para quebrar la autodeterminación: no fue solo una acción militar, sino también una ofensiva en el terreno del relato que buscó presentar al Estado venezolano como colapsado (ocultando los efectos de las más de 1000 Medidas Coercitivas Unilaterales que pesan sobre Venezuela) o cómplice de redes criminales —etiquetas que tuvieron impacto mediático pero que, según informes provenientes de la propia CIA, no resisten contraste jurídico ni empírico. Ese intento queda también expuesto por la reapertura de la discusión sobre la inexistencia del llamado “Cártel de los Soles” en documentos recientes de la justicia estadounidense.
Mientras tanto la respuesta popular al ataque fue inmediata y sostenida. Desde el mismo día del ataque, miles de venezolanos —jóvenes, mujeres, trabajadores, organizaciones comunales— salieron a las calles en movilizaciones diarias para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores y defender la institucionalidad. Las plazas y avenidas se convirtieron en escenarios de resistencia cívica que se prolongaron durante semanas, poniendo de manifiesto una cohesión social y cívico-militar que, entre otras cosas, bloqueó la posibilidad de una ruptura del hilo constitucional.
En ese marco y bajo esas condiciones la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025 asumió funciones el 5 de enero y Delcy Rodríguez, vicepresidenta, asumió como presidenta encargada. El gobierno de EEUU reconoció en Rodríguez una figura válida para el diálogo y desestimó categóricamente que María Corina Machado representara a alguien en Venezuela. Con esto se invirtió el sentido de las operaciones previas y se dió reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia que determinó que ante el secuestro del Presidente, correspondía que Rodríguez asumiera la presidencia como encargada. Los pedidos de actas y las acusaciones de ilegitimidad que se instalaron mediáticamente sobre el proceso electoral del 28 de julio de 2024, se convirtieron rápidamente en letra muerta, al menos para Estados Unidos.
En las semanas que siguieron al ataque, producto de los diálogos entre EEUU y Venezuela -que no estuvieron libres de sugerentes declaraciones oficiales provenientes de EEUU sobre la posibilidad de nuevos ataques- el gobierno venezolano concedió la amnistía para personas procesadas por delitos vinculados a hechos de desestabilización durante el proceso electoral —con la salvedad oficial de que no alcanza a quienes cometieron violaciones de derechos humanos o delitos relacionados con narcotráfico. También anunció la modificación parcial de la Ley de Hidrocarburos, que amplía los márgenes de participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial), para permitir la inversión, actualización y crecimiento de esta a industria y generar divisas que alivien una economía asfixiada por más de una década de medidas coercitivas unilaterales.
A fines de enero, Delcy Rodríguez informó sobre el desbloqueo de recursos internacionales que fueron destinados al Fondo Soberano para la Protección Social y asignados a los sectores de salud. También se concretó la reapertura del espacio aéreo comercial, cerrado por una orden unilateral de Estados Unidos, a fines de diciembre de 2025.
Pese al bloqueo económico, los informes oficiales y organismos internacionales citados por analistas sostienen que Venezuela logró en los últimos años tasas de crecimiento entre las más altas de la región —según la CEPAL—, avanzó en programas de vivienda masiva, sustitución de importaciones y amplió mecanismos de democracia protagónica: 49.000 consejos comunales y miles de proyectos comunitarios que, mediante consultas populares, gestaron 33.000 iniciativas financiadas por el Estado. Ese entramado comunitario existe en Venezuela, pese al gran esfuerzo del concierto mediático por esconderlo debajo de la alfombra y es el sostén material y político de la movilización ciudadana hoy.
El episodio también inscribe un cambio en la proyección estadounidense hacia la región. La denominada “Doctrina Donroe”, nombre con el que a partir de ese día, se alude a la nueva correlación de fuerzas y discursos exportados desde Washington, se ha traducido en presiones y medidas que no se limitan a Venezuela: nuevas medidas coercitivas para asfixiar la economía de Cuba y amenazas contra países como Colombia y México; retórica expansionista que llega hasta debates sobre territorios como Groenlandia y políticas internas cada vez más duras —incluidas medidas antiinmigrantes— al tiempo que estallan escándalos que desgastan la legitimidad de sus élites, como el reciente acceso público a documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein que implican a figuras de alto perfil, incluido Donald Trump.
A un mes del ataque, los interrogantes sobre las ambiciones imperialistas y los límites del intervencionismo están sobre la mesa. Lo ocurrido obligó a una reorganización política en Caracas, a la movilización popular sostenida y a decisiones económicas estratégicas para enfrentar el asedio. La escena regional también quedó alterada: la ofensiva contra Venezuela se lee como un mensaje político a escala regional que desafía los principios de soberanía, echa por tierra el derecho internacional y convoca a la solidaridad de los pueblos.
Mientras, la exigencia por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores continúa en las calles. El 3 de febrero Caracas el país amaneció en vigilia pidiendo por el retorno de sus autoridades máximas, mientras que una jornada global se extendió por los cinco continentes, bajo las mismas consignas.
Lo ocurrido en Venezuela no deja como dato único el despliegue del que es capaz Estados Unidos en proceso de recuperar su hegemonía en la región, sino que tensiona las discusiones acerca de la democracia y la soberanía y devuelve una pregunta en espejo: ¿De qué despliegue somos capaces quienes nos referenciamos en el campo popular ante semejantes abusos?
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