Chubut: denuncian persecución política y detención de dirigente social opositor a la megaminería

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos denuncian que Marcos Willipan es víctima de “represalias políticas y persecución judicial”. Tres personas fueron detenidas por el ataque al diario El Chubut durante una protesta contra la megaminería que intentó imponer el gobernador Arcioni.

30 de diciembre, 2021 | 23.36

Tres personas fueron detenidas esta semana en Trelew acusadas de participar de ataques incendiarios al diario El Chubut. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos advierten que uno de ellos, Marcos Willipan, vendedor ambulante organizado en el MTE, fue detenido sin pruebas y denuncian persecución política, "falsas acusaciones” y “hostigamiento a las organizaciones populares" que se movilizaron en contra de la megaminería que impulsa el gobernador Mariano Arcioni.

Los otros dos detenidos son Víctor Emanuel Cotut y Jonatan Andrés Luna Almada, y por resolución del juez Gustavo Castro deberán permanecer dos meses en prisión preventiva acusados de estar presentes “en el lugar y en el momento de los desmanes”. Según dejaron trascender fuentes judiciales a medios de comunicación locales, los tres hombres detenidos -y uno prófugo- habrían sido identificados mediante cámaras de seguridad.

“A Marcos no lo identifica ninguna cámara, lo apunta uno de los jefes de la plana mayor de la Policía de Chubut, Néstor Gómez, vestido de civil, infiltrado en la marcha, sin ninguna orden judicial. No hay videos ni fotos, la única imputación viene de los dichos de este hombre, que está denunciado por apremios ilegales y represión en las barriadas populares”, asegura Miguel Prudente, referente del MTE Trelew, en diálogo con El Destape.

Tras una serie de allanamientos ordenados por el Poder Judicial en el marco de la investigación por el ataque a la sede del diario, Marcos Willipan, de la Rama de Vendedores Ambulantes y Feriantes, fue notificado de su pedido de detención junto a otras tres personas mediante un “violento y desmedido allanamiento en la casa de su familia por parte de los grupos Operativos de la Policía de la Provincia”. Además, informaron desde la organización que desde un primer momento “se puso a derecho para que se le designe un Defensor Oficial por la causa”.

“El gobierno de la provincia ejerce presión política sobre la policía para identificarnos a nosotros, piensan que encarcelando a dirigentes van a frenar las manifestaciones populares en defensa del agua y en contra del saqueo. No es la primera vez que lo hacen”, agrega Prudente, dirigente de la organización que a nivel nacional tiene como referente a Juan Grabois.

“Hubo varios hechos de violencia en diferentes manifestaciones en muchos puntos de la provincia, eso no puede ser planificado por una organización, es parte del enojo popular de la gente con el gobernador que rompió el contrato social”, agrega el referente local del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

También denuncia que la policía provincial participó de hechos vandálicos, infiltrados, para justificar la represión de la protesta y las detenciones. “Hay hasta fotos de policías de civil rompiendo vidrieras y edificios”, denuncia Prudente.

El lunes se realizó una protesta frente a los Tribunales locales. Allí la madre de Marcos Wilipan contó que durante el allanamiento “lo trataron como perro”, y agregó que “es una vergüenza para los jóvenes de hoy, esto no le sirve a nadie, les quiero pedir que seamos pacíficos”.

Desde el la organizaciones recuerdan un antecedente similar, también de este año, pero en la provincia de Catamarca. En abril, la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunció una serie de “allanamientos arbitrarios y violentos”, y detenciones masivas de militantes y dirigentes sociales que participan de manera activa en manifestaciones que se oponen a la megaminería. 

“Hoy quieren esconder y deslegitimar la lucha popular que logró hacer retroceder a las mineras y al saqueo de las multinacionales, yendo a cazar a lxs presxs fáciles y a lxs dirigentes que representan la coherencia política que han tenido muchas organizaciones sociales de campo nacional y popular con las luchas que han dispuesto nuestro pueblo”, dice el comunicado del MTE Trelew.

A nivel nacional, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) repudió “las persecuciones financiadas por las mineras” y exigen que “se terminen las falsas acusaciones judiciales y el hostigamiento a los movimientos populares que nos declaramos firmes contra la megaminería”.

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