En un nuevo paso hacia la consolidación del poder político en el núcleo duro de la Jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei centralizó el manejo de los recursos discrecionales destinados a las provincias. A través de la Resolución 64/2026, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, delegó formalmente en el titular de la Vicejefatura de Gabinete del Interior la facultad de asignar los fondos de asistencia financiera. Esta medida, dictada en un contexto de fuerte ajuste fiscal y tensiones con los mandatarios locales, posiciona a Gustavo Coria como el ejecutor directo de una de las herramientas de presión y negociación más potentes que tiene la Casa Rosada.
La normativa se sustenta en la reestructuración ministerial que disolvió la cartera de Interior para absorberla bajo la órbita de Santilli. Según los considerandos del texto oficial, el traspaso de estas atribuciones responde a la necesidad de asegurar los principios de “legalidad, eficacia, celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo”. Sin embargo, en términos concretos, lo que se logra con esta decisión es reducir al mínimo el número de interlocutores válidos y concentrar la negociación federal en una sola oficina. Además, el Gobierno busca llenar el vacío institucional que dejó la eliminación del Ministerio del Interior y definir con claridad quién será el brazo ejecutor de las medidas de auxilio financiero que la ley todavía vincula a la disuelta cartera.
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Una palanca de negociación en manos de la Vicejefatura del Interior
El foco de esta delegación es el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), regulados por el artículo 5° de la Ley 23.548. Estos fondos están específicamente destinados a “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. En la práctica, los ATN funcionaron históricamente como un instrumento discrecional que permite al Poder Ejecutivo premiar o castigar a las provincias según su alineación política. Al otorgar esta atribución a la Vicejefatura del Interior, el Gobierno fortalece la figura de Coria, convirtiéndolo en el responsable de firmar desembolsos que son vitales para la supervivencia financiera de muchos distritos en un escenario donde el Presidente insiste en que “no hay plata”.
El Artículo 1° de la resolución es concluyente al respecto: “Delégase en el titular de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias”. Aunque la norma sugiere una descentralización operativa para liberar al Jefe de Gabinete de la gestión cotidiana, en los hechos implica que Coria pasa a controlar una palanca con enorme peso político y fiscal. No se trata meramente de un despacho administrativo ágil, sino de la institucionalización de un esquema de poder hermético donde el acceso al auxilio por emergencia queda supeditado a la supervisión directa del núcleo político de Milei.
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La medida, que entró en vigencia a partir de su dictado el pasado 13 de julio, llega en un momento de fragilidad para las economías regionales. Al perfeccionar este sistema de control centralizado, la administración libertaria se asegura de que cualquier asistencia extraordinaria sea tratada como una concesión técnica ejecutada desde la Vicejefatura, minimizando el debate ministerial amplio. Mientras el oficialismo justifica el movimiento en aras de la desburocratización, los gobernadores observan con preocupación cómo el federalismo de recursos se transforma, cada vez más, en una gestión de ventanilla única bajo las órdenes estrictas de la Casa Rosada.
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