El Senado de Mendoza le dio una alegría este martes al presidente Javier Milei al aprobar un proyecto minero muy resistido en las calles. Sin embargo, un grupo de organizaciones sociales y ambientales ya avisó que seguirá dando batalla. En diálogo con El Destape, informaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia provincial para frenar la megaminería en Uspallata, una iniciativa impulsada por Alfredo Cornejo en sintonía con la Casa Rosada.
La organización de la Asamblea Popular por el Agua informó que judicializarán el texto ni bien se convierta en ley, es decir, cuando sea notificado en el Boletín Oficial. "El plan de lucha continúa. Es clave ir directo a la Corte Suprema para frenar todo tipo de procedimiento", sostuvo el integrante de la Asamblea Popular por el Agua y docente de Geografía de la UNCuyo, Marcelo Giraud, en diálogo con este portal. "Si el Poder Judicial hace su trabajo, no sería extraño que declare inconstitucional el impacto ambiental del proyecto aprobado. Si esto no sucede, el grupo de abogados irá a la Corte Suprema Nacional de Justicia y, eventualmente, a la CIDH", agregó, en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Giraud estuvo este martes afuera de la Legislatura provincial cuando los senadores votaron el proyecto oficialista de explotación de cobre. La mayoría fue amplia: 27 votos a favor y 6 en contra. "Nosotros vemos como muchísima gente se suma y apoya las movilizaciones en las calles: las elecciones de octubre no fueron un voto a favor de la megaminería", opinó el activista ambiental. Hace menos de dos semanas, todo el PJ provincial votó en contra del proyecto. Sin embargo, denunció Giraud, en el Senado una parte se dio vuelta y le aportó los votos necesarios a la cuestionada iniciativa.
Para el docente universitario, además de seguir peleándola en las calles y los tribunales, es importante seguir de cerca lo que suceda en estos dos años con las elecciones a gobernador y legisladores. "Se abre un escenario incierto, en el que vemos un repudio social que se sigue expresando", aseguró y aclaró: "Tener aprobado el proyecto no es el final del camino. Es un error pensar que después de todo va a ser un lecho de rosas para los inversores extranjeros. Es clave que llegue la actualización bienal del informe del impacto ambiental y ahí la empresa minera va a estar en la fase final de la construcción".
Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas siguen confiando en el poder de la movilización en las calles. "Luego de la aprobación hubo movilización dentro de la ciudad de Mendoza", destacó el especialista y recordó que durante este conflicto realizaron una "histórica marcha de 120 kilómetros desde Uspallata".
Uno de los principales argumentos con los que irán a la Justicia será la falta de información ambiental completa y verificable del proyecto minero. Según denuncian, esta falta de transparencia se podría trasladar a riesgos ambientales en etapas futuras. La Asamblea sostiene que el proyecto viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la normativa provincial (Ley 5961 y Ley 7722). Además, asegura que los estudios ambientales fueron diferidos y, por lo tanto, no pudieron demostrar cuál será el impacto real y la compatibilidad del proyecto con el uso sustentable del agua.
Victoria de Cornejo en el Senado
El día antes de la sanción definitiva al proyecto, el presidente Milei había hecho público su respaldo: “Traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”. Palabras similares venía repitiendo su aliado, el gobernador Cornejo. Para el radical, la provincia necesita diversificar su matriz productiva y dejar de depender exclusivamente de actividades tradicionales como la vitivinicultura o la agricultura. Además, había destacado el apoyo del Gobierno nacional y el escenario internacional que, según sostuvo, es favorable a la demanda de cobre.
En sintonía con el discurso libertario, Cornejo defendió la capacidad de generar divisas con la minería y prometió que se podrán extraer hasta 14 mil toneladas de cobre. Lo calificó como clave para "la transición energética global", pese a tratarse de una actividad extractiva resistida por la mayoría de las organizaciones ambientales.
Proyecto San Jorge Cobre Mendocino
Pese al apoyo político mayoritario, hubo voces opositoras en el Congreso, entre ella la izquierda. "Están yendo a poner en riesgo el principal río de la provincia que se aprovecha hasta en un 90%," denunció en diálogo con El Destape, el ex diputado provincial por el Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez. Para el ex legislador, desde el principio se instaló un blindaje mediático alrededor del proyecto. Por ejemplo, este año el Conicet había emitido un comunicado para alertar sobre los riesgos del proyecto de ley. “Observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”, alertaba el máximo órgano científico del país. Tras versiones sobre amenazas políticas, el texto fue eliminado de la web.
Pese a la censura y el silencio, en Uspallata lograron generar un levantamiento popular que dio inicio a una caravana de 120 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza y que ahora promete seguir luchando.
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