La nueva ley de Inocencia Fiscal que envió este jueves al Congreso el ministro de Economía, Luis Caputo, en otro intento por captar los dólares del colchón volvió a dejar la puerta abierta para que adhieran funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares. Después de que trascendiera que una lista de funcionarios -en especial del Ministerio de Economía- había ingresado al régimen en su primera versión, se esperaba que esta ampliación, incluso más permisiva que la original, al menos excluyera a las personas políticamente expuestas. Pero ese decoro no forma parte del manual libertario. Por el contrario, con la eliminación de los topes podría beneficiarse incluso el propio Toto Caputo, que figura entre los funcionarios con mayor patrimonio del Gabinete. Desde la oposición de Unión por la Patria y Provincias Unidas advirtieron que presentarán propuestas para que se los excluya.
La ley de Inocencia Fiscal se aprobó a fines de 2025, pero no produjo el efecto esperado. Por eso Caputo la relanzó ahora en una versión todavía más generosa, urgido por lograr que al menos una parte de los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema ingrese a los bancos. Según los cálculos oficiales, en el "colchón" hay unas cuatro veces más dólares que los depositados en las entidades financieras. "Los ahorros pueden ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad", insistió el ministro durante la presentación que compartió con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. No respondieron preguntas y dejaron esa tarea en manos de tres tributaristas. Uno de ellos confirmó que el proyecto tampoco establece restricciones para la adhesión de funcionarios, porque entiende que ya están alcanzados por otras normas.
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Efectivamente, en el proyecto que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados no hay ninguna referencia a exclusiones por tratarse de personas políticamente expuestas. El Gobierno sostiene que no es necesario porque no se trata de un blanqueo, sino de una modificación de la ley penal tributaria. La oposición plantea exactamente lo contrario: considera que tanto la Inocencia Fiscal original como esta versión ampliada constituyen un blanqueo permanente encubierto, que permite incorporar al sistema fondos de origen no declarado sin ninguna penalidad.
Uno de los escándalos que dejó la Inocencia Fiscal vigente desde febrero fue la difusión de la lista de funcionarios y dirigentes que se acogieron al régimen. Entre ellos figuraron el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular del ARCA, Andrés Vázquez; el embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias; el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos; la ex vicejefa Aimé Vázquez; el ex diputado investigado por lavado José Luis Espert; los senadores libertarios Agustín Monteverde y Joaquín Benegas Lynch; el director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el ex titular del ARCA Juan Pazo; y el cineasta oficial Santiago Oría, entre otros. También aparecían comunicadores identificados con el oficialismo, como Eduardo Feinmann, Luis Gasulla y Luis Novaresio.
La particularidad de la nueva Inocencia Fiscal es que elimina los topes de ingresos y de patrimonio que se habían fijado en $ 1.000 millones y $ 10.000 millones, respectivamente, para ingresar al beneficio. Por ese motivo, el propio Caputo podría ingresar al sistema dado que en 2024 declaró un patrimonio de $11.000 millones, ahora perfectamente legal. Por cierto, no se sabe si Caputo aún tiene sus dólares en el exterior -como informó en aquella declaración- o los repatrió. Cuando el acreditado de El Destape en la Casa Rosada, Jonathan Heguier, le preguntó el año pasado si daría esa muestra de confianza en el país, Caputo enfureció.
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