A pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria del próximo martes 12 de mayo contra el ajuste del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a sus autoridades de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y denunció “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.
En las últimas horas, Yacobitti volvió a advertir que, en lo que va de 2026, el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones asignados en el presupuesto para los centros de salud dependientes de la institución. El exdiputado vinculó este desfinanciamiento con una visión política hostil al afirmar que, para la actual administración libertaria, la universidad pública es considerada “el mal”.
Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la UBA y afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma”, además de calificar como “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló por Radio Rivadavia.
En medio de un escenario de asfixia presupuestaria, el funcionario libertario profundizó el conflicto ideológico de fondo y sostuvo que las autoridades de la casa de altos estudios pretenden retener “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios. “Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó.
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En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo en declaraciones para Radio Rivadavia.
Hace algunos días, Álvarez trató de sostener en redes sociales que había girado los fondos, pero Yacobitti lo desmintió al mostrar una nota recibida por la UBA donde el funcionario nacional reconoce que no hubo transferencia.
“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte... Cumplan la ley”, señala el tuit del vicerrector.
Un reclamo conjunto: los rectores piden que se cumpla la ley
Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años. Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, con medidas de fuerza como paros o jornadas de visibilización en el medio.
La nueva convocatoria a la movilización de la próxima semana se hizo de forma conjunta entre los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales del país. La semana pasada, los rectores advirtieron por la dramática situación de la educación, en un comunicado en el que remarcaron: "45,6% cayeron las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 hasta la fecha. En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes".
En el mismo texto, el CIN recordó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el parlamento en 2025 y ratificada después del veto del Presidente. El voto del Poder Legislativo no alcanzó para que el Ejecutivo cumpliera con la implementación del texto, por lo que la Justicia intercedió para exigir su "inmediata" aplicación. "Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo, al mismo tiempo que enviamos a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario", explicaron los rectores.
Los artículos, mencionados en el comunicado del CIN, establecen la convocatoria a la paritaria nacional de los docentes y no docentes, la actualización de "los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" y la "recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles". A pesar del ultimátum judicial, Milei desoyó el fallo.
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