El conflicto salarial de los trabajadores del Poder Judicial de Salta volvió a escalar y expone nuevas críticas sobre la administración de Gustavo Sáenz. Los empleados llevan tres meses esperando una respuesta concreta a su pedido de recomposición salarial y, según denunció el gremio, el reclamo se profundizó con descuentos, sanciones y restricciones a las protestas dentro de la Ciudad Judicial.
En comunicación con Nuevo Diario de Salta, el secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales, Matías Aramayo, sostuvo que el pedido salarial fue presentado formalmente en mayo y que hasta el momento no recibieron una propuesta económica que permita avanzar en una negociación. Frente a la falta de respuestas, advirtió que los trabajadores podrían retomar las movilizaciones.
La situación suma un nuevo frente de conflicto para una provincia atravesada por reclamos vinculados con los salarios y el poder adquisitivo de los empleados públicos. En el caso del Poder Judicial, el gremio cuestiona que las autoridades no hayan dado una respuesta después de tres meses y considera que las medidas adoptadas durante las protestas terminaron agravando el escenario.
Durante las movilizaciones anteriores, los trabajadores habían organizado un sistema de rotación para garantizar el funcionamiento de los tribunales y evitar que la protesta interrumpiera por completo la prestación del servicio.
Sin embargo, Aramayo denunció que incluso empleados que permanecieron en sus puestos para cubrir a sus compañeros recibieron descuentos salariales. Según el dirigente, esa situación generó malestar entre los trabajadores y profundizó las diferencias con jueces y autoridades.
El conflicto tomó mayor dimensión durante una tregua que, según explicó el gremialista, buscaba abrir una instancia de negociación. En ese período se aplicaron los descuentos y los empleados tomaron conocimiento de una circular que restringe las manifestaciones dentro de la Ciudad Judicial.
Para Aramayo, lejos de descomprimir el conflicto, las decisiones terminaron aumentando la tensión. El dirigente calificó las medidas como “antisindicales, arbitrarias y discrecionales” y cuestionó que las autoridades judiciales no contemplen la situación económica que atraviesan los empleados.
La falta de una respuesta después de tres meses alimenta el malestar de los trabajadores y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. El gremio sostiene que todavía existe margen para resolver el conflicto mediante el diálogo, pero reclama una convocatoria concreta y una propuesta que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. “Si lo que quieren es disciplinar, generan el efecto contrario. La gente tiene mucha más bronca”, advirtió Aramayo.
Más del 75% de salteños cree que el gobernador tiene "ciclo cumplido"
Según un relevamiento realizado por la consultora Benjamín Gebhard, más de tres de cada cuatro salteños consideran que el ciclo político del gobernador Gustavo Sáenz se encuentra agotado. En concreto, el 76,3% de los encuestados sostuvo que la etapa del mandatario al frente de la provincia está cumplida, mientras que apenas el 21,4% consideró que su gestión aún tiene recorrido por delante.
Los datos cobran especial relevancia en un contexto en el que el gobernador se encuentra habilitado para competir por un nuevo mandato tras la reforma constitucional de 2021, que modificó el esquema de reelecciones en la provincia. Sin embargo, el principal obstáculo para esa posibilidad parece estar hoy en el humor social más que en las discusiones jurídicas o políticas.
El informe también refleja un deterioro en la evaluación general del gobierno provincial. La imagen negativa de la gestión alcanzó el 56,2%, mientras que la positiva se ubicó en el 41,7%, consolidando una tendencia desfavorable para el oficialismo. En paralelo, la imagen personal de Sáenz mostró números similares: un 56% de valoración negativa frente a registros positivos cada vez más reducidos.
La encuesta además expone cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante los problemas cotidianos de la provincia. Apenas el 9,8% de los consultados consideró que la administración provincial identifica los principales desafíos y trabaja activamente para resolverlos. El resto expresó distintos grados de disconformidad o descreimiento respecto de la gestión.