El oficialismo y sus aliados se preparan para un febrero de alta intensidad legislativa bajo una premisa que ya es dogma en las filas del PRO: el acompañamiento no es incondicional. Con la reactivación de las comisiones, el bloque amarillo busca consolidar una estrategia articulada entre Diputados y el Senado. Bajo esta lógica, el partido que comanda Mauricio Macri ya marcó tres distancias fundamentales en los temas que definen el verano: reforma laboral, baja de imputabilidad y DNU que modificó la ley de Inteligencia Nacional.
En lo que respecta a la reforma laboral, el oficialismo espera recibir el martes a las 15 a los senadores que acompañarían la iniciativa. Sin embargo, no se descarta que las negociaciones se estiren hasta el mismo día de la sesión, ya que las modificaciones se realizarán directamente en el recinto. El PRO pone una condición indispensable: revisar la pérdida de recursos coparticipables. Se analiza una baja escalonada del impuesto a las Ganancias para sociedades, evitando que el golpe a las arcas provinciales sea brusco. Al respecto, el jefe de bloque en el Senado, Martín Goerling, advirtió en FM RE que, si no hay una hoja de ruta clara para que los gobernadores recuperen fondos, “se va a poner difícil acompañar ese punto”.
La distancia también es técnica y de gestión. Los aliados cuestionan la eliminación de fondos autárquicos, como los de cultura, que hoy se autofinancian con el consumo. Advierten que, si se derogan, el costo terminará cayendo en las Rentas Generales del Estado, contradiciendo el ahorro que pregona Javier Milei. Aunque el PRO coincide en la necesidad de modernizar el sistema y bajar la litigiosidad para facilitar contrataciones ante un eventual repunte, Goerling fue tajante: “Si no hay actividad económica, no va a haber trabajo; ninguna ley por sí sola lo genera”, pero la iniciativa "viene a poner claridad para que sea más fácil, menos costoso y más seguro contratar gente” cuando se reactive el mercado interno.
El segundo frente de conflicto es la baja de la edad de imputabilidad. En el Senado, el PRO mantendrá la postura exhibida por los diputados amarillos, anticipada por El Destape: el límite debe ser a los 14 años —rechazando los 13 que pretende el Ejecutivo— y con presupuesto garantizado para infraestructura y penas alternativas. En esta línea, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, exigió al Gobierno un análisis de impacto fiscal de la medida. En 2019, un proyecto similar de Cambiemos —en aquel entonces se buscaba reducir la edad a 15 años— estimaba que incorporar 825 jóvenes al sistema penal demandaría un costo adicional de $2.332 millones de la época para equipos técnicos y monitoreo electrónico.
La UCR también presiona por sostener los acuerdos conseguidos el año pasado, cuando se alcanzó un dictamen de mayoría amplio y consensuado con los aliados. No hacerlo, pondría en riesgo esos puentes y, por ende, el avance de la norma. De este modo, la intención es sostener una baja de la edad de imputabilidad a 14 años, con sanciones alternativas para penas de hasta diez años y una prisión efectiva máxima de 15 años.
A estos focos de conflicto se sumó en las últimas horas el reclamo por la emergencia ígnea en la Patagonia. Goerling criticó la demora del Ejecutivo en reaccionar ante los incendios y exigió que el tema se trate con urgencia en extraordinarias. Para el senador, el Estado Nacional "miró para otro lado" o no puso el foco donde correspondía. “Hay que estar arriba de los temas y no actuar recién cuando la presión es insoportable; es tiempo que no se puede perder”, sentenció.
El otro punto caliente es el DNU que modificó la ley de Inteligencia. En el PRO esperan por los protocolos de implementación no publicados por el gobierno y en la reunión de esta semana, Martín Goerling y Cristian Ritondo, los dos miembros de la Bicameral de Inteligencia, abordarán la situación para establecer la postura amarilla frente al debate.
Con varias discusiones abiertas, desde el macrismo reafirman la decisión de no apoyar todas las propuestas “a libro cerrado” y recalcan que la responsabilidad de construir consensos recae exclusivamente en la Casa Rosada. "Vamos a acompañar lo que creamos y a oponernos en lo que no", sentenció Goerling.
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