Mientras en el Congreso de la Nación se lleva adelante el debate por el polémico proyecto de reforma laboral, desde el gobierno bonaerense presentaron un informe técnico-político titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”.
Los ministros de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y de Gobierno, Carlos Bianco, se reunieron con gremios y dirigentes sociales en casa de Gobierno y presentaron el documento en el que la administración provincial cuestiona severamente los orígenes de la medida y los perjuicios que acarreará su implementación sobre el pueblo trabajador.
Se trata de un texto de alrededor de 60 páginas, en el que se aborda la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desde una perspectiva constitucional, productiva y de ampliación de derechos. Según se detalla en el informe, el proyecto de Javier Milei, “encuentra sus raíces en las arremetidas flexibilizadoras de 2017 y 2018 durante el gobierno nacional de Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal, las del gobierno de la Alianza en la gestión de Fernando de la Rúa, las de las presidencias de Carlos Menem, y encuentran su momento fundacional con el golpe cívico militar de marzo de 1976”.
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La “industria” del juicio laboral
El escrito desmiente uno de los argumentos que el gobierno libertario instaló respecto del proyecto de reforma laboral y que hace hincapié en que existe “una industria del juicios laborales insostenible”. “No existe información confiable alguna que dé cuenta de una alta litigiosidad en nuestro país”, expresa el proyecto.
“Es más, con los altísimos y crecientes niveles de informalidad laboral eso supondría una creciente tasa de reclamos judiciales y extrajudiciales. Sin embargo, con una tasa de informalidad laboral que al tercer trimestre de 2025 asciende al 43,3%, (36.7% son asalariados), no se advierte que los casi 5 millones de trabajadores afectados, masivamente, se vuelquen institucionalmente a reclamar por sus derechos laborales vulnerados”.
Según una declaración institucional del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, “entre 2014 y 2023 se dictaron en la Justicia Nacional del Trabajo – que concentra el mayor volumen de causas laborales del país, con competencia territorial limitada al ámbito de la CABA y parte del Gran Buenos Aires– unas 275.000 sentencias definitivas, lo que equivale a unas 25.700 por año”.
Si se compara este número con la población ocupada en el AMBA (CABA y conurbano), estimada en alrededor de 5 millones de personas, se advierte que “la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5% anual de dicha fuerza laboral”. Este dato confirma que “la litigiosidad judicial laboral está lejos de ser masiva o abusiva. Incluso, proyectando sobre 10 años, sólo un segmento reducido de la clase trabajadora que se desempeña en esta jurisdicción accedió a una sentencia judicial, lo cual desmiente la existencia de una ‘industria del juicio’ generalizada”, indica el documento.
La actividad contó con la participación de representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales, en un encuentro en el que diversos participantes hicieron uso de la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada a nivel nacional.
El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón. Asimismo, se destaca especialmente la labor de los asesores Luis Roa, Gustavo Mariani, Lilia Alonso, Christian Alonso y Amalia Repetto, quienes participaron directamente en la redacción del informe.
Participaron como expositores en la puesta en común los ex titulares de la cartera laboral provincial, Mara Ruiz Malec y Oscar Cuartango. A su vez, realizaron aportes al debate el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T) y diputado nacional, Hugo Yasky; el diputado nacional Hugo A. Moyano; el director de Formación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini; y el integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y presidente de la empresa LIPOTECH, Adrián Di Paoli.
Estuvieron presentes la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el titular de la Pastoral Social, presbítero Carlos Accaputo; la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; entre otras autoridades, dirigentes sindicales y representantes del sector productivo.
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